La oferta presentada por BlackRock y MSC Mediterranean Shipping Company para adquirir la mayor parte de las operaciones portuarias de CK Hutchison enfrenta un obstáculo en Europa. Una fuente con conocimiento directo señaló que los reguladores antimonopolio de la Unión Europea se preparan para investigar la parte española del acuerdo.

CK Hutchison, propiedad del empresario hongkonés Li Ka-shing, busca vender su 80% del negocio portuario valorado en 22.800 millones de dólares, que incluye 43 puertos en 23 países. La operación se ha visto influida por tensiones políticas entre China y Estados Unidos.

Inicio de una pesquisa formal

La posible investigación profunda, que no había sido mencionada previamente, podría llevar a que la Comisión solicite concesiones a BlackRock y MSC para autorizar la operación en España. Ninguna de las compañías involucradas ni la Comisión Europea respondió a las solicitudes enviadas por correo electrónico.

CK Hutchison mantiene intereses portuarios en países como Bélgica, Polonia y Países Bajos, aunque no se ha determinado si esas áreas europeas también podrían ser examinadas. Las partes del acuerdo fuera del territorio europeo no están sujetas a la revisión del bloque.

Terminal de Barcelona como punto central

El paquete global incluye instalaciones estratégicas, entre ellas dos puertos del Canal de Panamá. En el caso de España, Terminal Investment Limited Holding (TiL) —unidad de MSC— y BlackRock asumirían el control conjunto de la terminal de CK Hutchison en el puerto de Barcelona.

La terminal opera con capacidad para recibir varios megabuques al mismo tiempo y dispone de una infraestructura ferroviaria de ocho vías, considerada la más grande del Mediterráneo dentro de la Unión Europea. Esta instalación conecta el puerto con cargas que entran y salen rumbo al sur de Europa. Además, TiL ya opera una terminal en el puerto de Valencia.

Plazos previstos por los reguladores

Según la fuente, la Comisión Europea, responsable de velar por la competencia en el bloque, planea abrir una investigación de gran escala una vez concluya su revisión preliminar el 10 de diciembre.

Los procesos de este tipo suelen extenderse cerca de cuatro meses o más, y pueden exigir desinversiones u otros ajustes por parte de las empresas para resolver posibles problemas de competencia y obtener la aprobación final.