La advertencia de CK Hutchison Holdings elevó la tensión sobre la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal. La empresa anticipó acciones legales si APM Terminals, filial del grupo Maersk, toma el control sin su autorización.

El escenario se abrió después de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional la concesión de 1997 otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, para operar los puertos. La decisión generó incertidumbre en uno de los nodos más relevantes del comercio marítimo mundial, impactando directamente la actividad vinculada al Canal de Panamá.

Por esa infraestructura circula cerca del 5% del comercio marítimo global y canaliza aproximadamente el 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos.

Concesión anulada y efectos operativos

El tribunal dejó sin efecto las leyes que sustentaban el acuerdo. PPC no puede apelar, aunque podría solicitar aclaraciones o recurrir a arbitraje internacional. Este marco profundiza un conflicto que supera lo jurídico y repercute en la planificación operativa portuaria del país.

La acción judicial para cancelar la concesión se presentó en 2025, alegando que el pacto se apoyaba en normas inconstitucionales y que la empresa debía impuestos. La Contraloría de Panamá acusó a PPC de no haber pagado presuntamente 1.200 millones de dólares, según una auditoría. Estos antecedentes fortalecieron el debate sobre el modelo de concesiones y el control de infraestructuras críticas.

PPC rechazó la sentencia, considerándola sin fundamento legal, y subrayó que ha invertido cerca de 1.800 millones de dólares en infraestructura y tecnología durante casi tres décadas. La compañía se reservó el derecho de recurrir a procedimientos legales nacionales e internacionales.

Posición de APM Terminals

Tras la advertencia, APM Terminals comunicó que no integra los litigios vigentes y que tampoco participa en decisiones sobre la futura administración de los puertos. La terminalista explicó que, si fuese requerida, asumiría una gestión transitoria temporal para garantizar la continuidad de los servicios esenciales del comercio regional y global.

En un comunicado del 30 de enero, ratificado posteriormente, APM Terminals reiteró su disposición a colaborar en una fase provisional, enfatizando que no interviene en disputas legales ni en el diseño de la estructura administrativa definitiva. Su objetivo es preservar la estabilidad operativa mientras se define el nuevo marco concesional.

Supervisión del Estado y transición

El presidente panameño, José Raúl Mulino, señaló que PPC continuará operando hasta que la sentencia quede firme. Luego, APM Terminals asumiría provisionalmente, configurando así una transición bajo supervisión estatal.

En paralelo, la Autoridad Marítima de Panamá respaldó la designación de APM Terminals, destacando su reputación como operador internacional. Según datos oficiales citados en medios locales, en 2025 los puertos de Balboa y Cristóbal movilizaron 3,77 millones de contenedores, equivalentes al 38% del sistema portuario nacional, consolidando su papel como infraestructuras críticas.

El conflicto se desarrolla en un contexto de presión geopolítica, luego de que Estados Unidos enfatizara la necesidad de reducir la influencia china en activos estratégicos. Para transporte y logística, el resultado podría marcar precedentes sobre la seguridad jurídica de concesiones y la continuidad operativa en un nodo esencial del flujo global de mercancías.