Actualmente existen 31 brotes activos de mosca de la fruta en distintas zonas del país, todos en proceso de erradicación, según informaron las autoridades.

En el caso de la región de Valparaíso, se anunció que la totalidad del territorio regional se encuentra libre de esta plaga. En 2025 se enfrentaron cuatro brotes.

Verificación en puerto terrestre de Los Andes

En este contexto, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, visitó el puerto terrestre de Los Andes, en la región de Valparaíso. La visita permitió verificar en terreno los avances en el control y erradicación de la mosca de la fruta en Chile.

Durante la actividad, la autoridad reforzó el llamado a la ciudadanía a no ingresar productos de origen vegetal o animal de manera ilegal, práctica que pone en riesgo la condición fito y zoosanitaria del país.

Trabajo del Servicio Agrícola y Ganadero

En la instancia, la ministra Fernández destacó el trabajo de los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). También resaltó el rol de la brigada canina en la detección de productos ingresados de forma irregular.

La visita contó con la participación del presidente de Fedefruta, Víctor Catán, y del gerente general de Frutas de Chile, Miguel Canala.

Visión del sector privado

Desde Fedefruta, su presidente señaló que la sanidad fito y zoosanitaria «no es un problema exclusivo del SAG o del Ministerio de Agricultura, sino un desafío país que involucra a distintas autoridades y ministerios, ya que está en riesgo una actividad económica estratégica y de alta relevancia social».

Catán agregó que la discusión legislativa en el Congreso constituye un punto de partida. Indicó que es necesario dotar a las instituciones de mayores recursos y logística adecuada.

Legislación y capacidad institucional

En la misma línea, el gerente general de Frutas de Chile afirmó que el país mantiene su condición de libre de mosca de la fruta gracias a la capacidad del SAG para erradicar focos detectados.

«De no ser así, perderíamos esa condición, con consecuencias económicas enormes para el sector», advirtió.

Canala también enfatizó que el proyecto de ley en discusión aumentaría multas, permitiría confiscaciones y entregaría herramientas que el SAG no posee actualmente.