El Estado de Panamá deberá enfrentar un arbitraje internacional iniciado por Panama Ports Company (PPC), filial panameña del grupo chino Hong Kong CK Hutchison Ports. La acción se produce tras la decisión del Tribunal Supremo panameño de anular la concesión otorgada a PPC para operar dos puertos vinculados al Canal de Panamá.

Fundamentos del arbitraje iniciado por PPC

En un comunicado oficial, PPC explicó que el arbitraje responde a acciones del Estado panameño dirigidas específicamente contra su contrato de concesión. Según la empresa, el proceso ocurre “tras una campaña del Estado panameño” contra PPC y su contrato, luego de un año marcado por acciones “abruptas” que culminaron en “daños graves y daños adicionales” hacia la compañía.

El arbitraje se sustenta en el presunto incumplimiento del denominado contrato-ley entre PPC y Panamá durante casi tres décadas. Por este motivo, la empresa exige una indemnización “amplia”, basada en una evaluación de datos financieros relevantes y sujeta a una pronta resolución.

Intentos de diálogo y postura de la empresa

El operador portuario destacó sus “extensos esfuerzos” durante el último año para consultar y evitar una disputa formal con el Estado panameño. “En cambio, a lo largo del año pasado, desde el inicio del presente año e incluso en los días recientes, el Estado panameño ha rutinariamente desestimado las comunicaciones, esfuerzos de consulta y solicitudes de claridad”, agregó la compañía.

Pese al arbitraje internacional iniciado, PPC “reitera enérgicamente su invitación al Estado panameño para proporcionar claridad y consultas para resolver este asunto”.

Decisión judicial y contexto del contrato

La Corte Suprema de Panamá declaró hace una semana inconstitucional el contrato otorgado a PPC para operar dos puertos cerca del Canal de Panamá. Se trata de una licencia establecida en 1997 y prorrogada posteriormente, que en los últimos meses había recibido críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el grado de influencia china en la infraestructura.

Reacción del Gobierno chino

Desde la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado de China señalaron que “el fallo es jurídicamente absurdo, lógicamente defectuoso y absolutamente ridículo”. “El hecho de que Panamá haya declarado inconstitucional el contrato significa que puede declarar inconstitucionales, de igual manera, otros contratos de concesión aprobados en cualquier momento en el futuro”, criticaron en su cuenta de WeChat.

Ante la sentencia del Tribunal Supremo panameño, el Gobierno chino reiteró que está “firmemente comprometido” con la salvaguardia de los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y que “nunca se quedará de brazos cruzados ante la intimidación hegemónica”.