La realización de una «paralización de advertencia» a nivel nacional por parte de la Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (Conatraport) —que agrupa a unos 3 mil trabajadores— ha generado una declaración conjunta de preocupación por parte de diversos gremios.

La movilización es consecuencia de las diferencias que la entidad mantiene con la Subsecretaría del Interior por el otorgamiento de pensiones de gracia. Ante la posibilidad de que Conatraport no descarte iniciar una paralización indefinida en los distintos puertos del país si el conflicto no se soluciona, se han levantado alarmas entre los empresarios del Biobío.

Advertencia gremial ante el impacto logístico

Ante este escenario, los gremios ASEM, Asexma Biobío, Asimet, CChC de Concepción, CPC Biobío, Corma Biobío y Ñuble, Irade, Pescadores Industriales del Biobío, PymeMad y Socabio manifestaron su «profunda preocupación ante el escenario de paralización por parte de los trabajadores eventuales en los terminales marítimos de la zona».

En su declaración conjunta, los gremios señalaron: «Mientras esperamos que puedan constituirse mesas de diálogo entre las partes, consideramos un deber de máxima responsabilidad advertir sobre las graves consecuencias que una interrupción de actividades traería para la zona con el consecuente efecto en las confianzas de los exportadores en nuestra región».

Considerando el complejo escenario económico del país, y en particular el de esa región, los gremios indicaron que «resulta fundamental resguardar la continuidad de las operaciones portuarias, dado el adverso impacto que una paralización efectiva generaría sobre las exportaciones, importaciones y los potenciales efectos en la estabilidad laboral de miles de familias».

La declaración agregó que «de materializarse de forma prolongada, esta situación no afectaría únicamente a los terminales marítimos, sino que amenazaría con impactar fuertemente a toda la cadena logística tanto nacional como internacional», y recalcó que «la reactivación económica debería ser la prioridad técnica y social de todos los actores».

El documento concluyó con un «llamado urgente a levantar un diálogo constructivo que permita evitar estos escenarios de riesgo descritos».

El origen del conflicto

La movilización responde a que Conatraport acusa al Ejecutivo de modificar el criterio con el que se ha aplicado el programa de pensiones de gracia, vigente desde 2012. Según la confederación, esta modificación beneficia, a su juicio, únicamente a una de las dos confederaciones surgidas tras la disolución de la antigua Unión Portuaria de Chile. Por ahora, de no solucionarse el conflicto con la Subsecretaría del Interior, se mantiene el riesgo de la paralización indefinida.