La publicación de la Política Nacional Logística Portuaria ha generado inquietud en empresas del sector marítimo-portuario local. El documento, de 15 páginas —Resolución Exenta N° 1099—, fue aprobado por los ministerios de Transportes, Economía, Trabajo y Defensa.

Su visto bueno y difusión se realizaron en las horas previas al arribo del gobierno de José Antonio Kast, lo que motivó reacciones en el sector.

Reparos del sector marítimo-portuario

Ante este escenario, la Cámara Marítima y Portuaria de Chile elaboró un informe con cuestionamientos a diversos aspectos del documento.

Entre ellos, criticó la propuesta de incorporar autoridades locales en los directorios de empresas portuarias estatales. Al respecto, señaló: “cuando se discutió el texto de la Ley de Puertos (19.542), expresamente se analizó la viabilidad de incorporar en los directorios de las empresas portuarias estatales a los alcaldes y/o intendentes de la comuna o región respectiva. Dicho análisis estableció que existían evidentes conflictos de interés entre las funciones que la ley asignó a las empresas portuarias estatales y los intereses de las municipalidades y autoridades regionales… Desde esa fecha hasta hoy nada ha cambiado al respecto, por lo cual sigue siendo altamente inconveniente la inclusión de estas autoridades en los directorios de las empresas portuarias estatales”.

Observaciones en materia laboral

En el ámbito laboral, el gremio indicó: “la existencia de los trabajadores eventuales no responde a una situación particular del país; ellos existen en la mayoría de los puertos del mundo”.

Asimismo, detalló que en 2024 los ingresos promedio fueron:

• $1.867.698 mensuales para trabajadores con renta fija y variable
• $1.462.202 mensuales para trabajadores eventuales adscritos a un CPPT (Contrato de Provisión de Puestos de Trabajo)
• $1.327.114 mensuales para trabajadores eventuales puros

El presidente de la Camport, Daniel Fernández, sostuvo: “se insiste sobre cierta precariedad de los trabajadores eventuales y eso no es así”.

Coordinación institucional y atribuciones

El documento gremial también señala que “no es necesaria la creación de un órgano técnico dependiente” del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), ya que existe la Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico (Conalog).

Además, la Camport estima que no se requiere ninguna atribución adicional del MTT en el funcionamiento de los puertos privados, que están ligados a los sectores minero y de energía. Estos se guían a través del Ministerio de Defensa, utilizando las facultades del DFL 340.

Impacto en competitividad y comercio exterior

Respecto al aporte al fisco por las externalidades generadas por la carga movilizada, el gremio advirtió: “cualquier cargo adicional que se realice al comercio exterior afectará la competitividad del país, que terminarán pagando todos los chilenos”.

En este contexto, se destaca que cerca del 90% del comercio exterior de Chile se realiza a través de los puertos. Además, el sector aportó cerca de US$ 6.000 millones al Estado en los últimos 22 años.

Aprobación de la política y contexto

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones comunicó la aprobación pasadas las 17:30 horas del 10 de marzo, bajo el título: “Avance histórico: Chile aprueba su primera Política Nacional Logística Portuaria”.

El anuncio se realizó en la última jornada completa de gobierno del entonces presidente Gabriel Boric, tras cuatro años de trabajo interinstitucional orientado a fortalecer el sistema logístico-portuario nacional.

Revisión del documento y postura oficial

Daniel Fernández indicó: “cuando hay un documento oficial de un gobierno sobre política sectorial, ese texto rige hasta que no se cambie. El llamado es a revisarlo críticamente y si es razonable su aplicación o modificarlo”.

Asimismo, señaló que solicitaron una reunión vía Ley del Lobby con el Ministerio de Transportes, liderado por Louis de Grange, para exponer los puntos de vista del sector.

Consultado el MTT sobre una eventual revisión del documento, indicó: “todas las políticas públicas son revisadas permanentemente por el ministerio”.