Con la finalidad de generar un marco regulatorio que oriente a los diferentes actores a participar en la instalación, adecuación y operación de la infraestructura de carga de movilidad eléctrica, se aprobó el Reglamento para la Instalación y Operación de la Infraestructura de Carga de la Movilidad Eléctrica en Perú.

Este reglamente fue aprobado por el Poder Ejecutivo a través del Decreto Supremo 036-2023-EM publicado en el diario El Peruano.

La norma señala que resulta necesario facilitar la introducción de tecnologías de transporte energéticamente más eficientes y su infraestructura de carga, para reducir el consumo de hidrocarburos, mejorar la balanza comercial de hidrocarburos y contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como a la mejora de la calidad de aire y la reducción en daños a la salud pública.

Detalla que el objetivo es generar un marco regulatorio para orientar a los diferentes actores partícipes en la instalación, adecuación y operación de la infraestructura de carga de la movilidad eléctrica; establecer los requisitos mínimos de instalación, operación, seguridad y mantenimiento que deben cumplir las mismas, así como el diseño y la construcción de sus instalaciones.

El reglamento señala que toda infraestructura de carga debe instalarse para que pueda conectarse a un vehículo eléctrico de manera que, en condiciones normales de uso, la transferencia de energía funcione de forma segura, que su operación sea fiable y se minimicen los riesgos para las personas y la edificación.

También indica que las infraestructuras de carga de acceso privado son aquellas ubicadas en viviendas individuales, edificios o conjuntos habitacionales, oficinas, locales comerciales o industriales; así como aquellas instalaciones para flota de transporte público (taxi o buses) y los llamados electroterminales.

Mientras que los tipos de instalaciones de acceso público son las electrolineras y las estaciones de autoservicio.

El reglamento refiere, asimismo, que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y las municipalidades, en el marco de sus funciones y competencias, deben adecuar sus procedimientos para supervisar que las instalaciones de las infraestructuras de carga cumplen con lo establecido en la normativa.