Según una auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, los Estados miembros deben invertir más en trenes regionales, redes de tranvía, carriles bici e intercambiadores urbanos para que los trabajadores dejen el coche y se alcancen los objetivos de movilidad sostenible.

Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, responsable de la auditoría, declaró que «muchos ciudadanos de la UE utilizan el automóvil todos los días en zonas urbanas, a menudo porque no existen alternativas de movilidad atractivas», y subrayó que «los esfuerzos locales son decisivos para seguir mejorando».

Asignación de recursos y promoción de alternativas

El análisis señala que la Unión Europea ha asignado alrededor de 60.000 millones de euros entre 2014 y 2027 para mejorar las redes de transporte y que «ha realizado esfuerzos persistentes para promover la movilidad sostenible de los trabajadores pendulares como alternativa viable al uso del vehículo privado».

Pese a ello, la auditoría emplaza a los Estados miembros a reforzar sus inversiones. Los auditores recuerdan que una auditoría de 2020 ya indicaba que, en trayectos de hasta 45 minutos desde zonas suburbanas, el automóvil sigue permitiendo acceder a más áreas que el transporte público, incluso en horas punta.

Planes de Movilidad Urbana Sostenible

La principal herramienta del enfoque europeo son los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que serán obligatorios para 431 ciudades de la Unión Europea en 2024. El Tribunal de Cuentas detectó «varias deficiencias que restaban eficacia a los PMUS examinados», basándose en el análisis de Budapest, Katowice, Lisboa, Praga, Sevilla y Lille.

Los auditores observaron que muchos planes se basan en límites administrativos que no reflejan adecuadamente los flujos reales de viajeros pendulares, lo que deja fuera una parte significativa de los desplazamientos diarios.

Planificación territorial y financiamiento

El informe recuerda que las directrices europeas exigen que la planificación de la movilidad esté vinculada a la ordenación del territorio, de forma que el desarrollo urbano y los sistemas de transporte se complementen, algo que no siempre se cumple en la práctica. Los auditores también critican que la mayoría de los planes analizados no incluían información clara sobre la disponibilidad de financiación para las inversiones previstas, pese a que contar con recursos suficientes es esencial para obtener resultados tangibles.

Sevilla y su área urbana

En el caso de Sevilla, una de las zonas analizadas, la ciudad cuenta con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado en 2021, que sustituyó a uno anterior de 2006. El informe indica que este plan ofrece una cobertura territorial muy limitada, ya que solo abarca el término municipal, lo que equivale aproximadamente al 3 % de su zona urbana funcional, y deja fuera el 64 % de los flujos de viajeros pendulares, es decir, 294.440 desplazamientos diarios, según la definición europea.

El Tribunal de Cuentas apunta que «no permite que el plan aborde de forma exhaustiva los retos de la movilidad ni que se alcancen los objetivos de movilidad sostenible, donde es más necesaria la intervención».

Restricciones y objetivos climáticos

El informe también señala que el plan presenta desajustes entre los objetivos locales y nacionales, lo que dificulta evaluar su contribución real a las metas climáticas de España. Además, la capital andaluza solo aplica restricciones de acceso a vehículos durante episodios puntuales de alta contaminación, por lo que no generan cambios duraderos en los hábitos de los viajeros pendulares ni favorecen un cambio estructural.