El Acuerdo sobre Comercio Electrónico (ACE) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha consolidado su ruta hacia una implementación global, fijando mediados de 2027 como el horizonte para su entrada en vigor. Con el respaldo formal de 73 miembros —que representan cerca del 70% del comercio mundial—, el pacto busca establecer por primera vez reglas globales para un sector que ya sustenta más del 60% del PIB mundial. Tras concluir las negociaciones en 2024 y presentar la solicitud de incorporación al Consejo General en febrero de 2025, el ACE se perfila como un pilar estratégico: su propósito fundamental es facilitar el comercio digital transfronterizo, promover un entorno abierto y fomentar la confianza en las transacciones en línea.

Un objetivo factible ante la urgencia regulatoria

Durante la reunión plenaria del pasado 9 de junio, la primera tras la CM14 en Yaundé, los embajadores coorganizadores James Victor Baxter (Australia), Nagai Katsuro (Japón) y Tan Hung Seng (Singapur) instaron a las delegaciones a concentrar esfuerzos en la fase operativa. El embajador Tan calificó la meta de mediados de 2027 como un objetivo “ambicioso, pero factible”, supeditado a la obtención de 45 instrumentos de aceptación formal.

La urgencia del pacto se sustenta en cifras contundentes: según la OMC y la OCDE, la ausencia de un marco global implica dejar de aprovechar unos $159.000 millones anuales en comercio perdido. Por el contrario, su implementación plena inyectaría $8,7 billones al PIB mundial para 2040, con beneficios concentrados principalmente en economías de ingresos bajos y medios.

El rol de Chile y la transición regulatoria

En este proceso, Chile reafirmó su compromiso activo. Como parte de los 73 copatrocinadores, la delegación nacional anunció que se sumará formalmente a los 67 miembros que ya han manifestado su intención de aplicar el acuerdo mediante disposiciones provisionales.

La directora General de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, destacó el valor de este avance: “El comercio digital es una línea divisoria apasionante para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. Al hacer avanzar el ACE, los países contribuyen a un marco reglamentario común que reduce costos y brinda nuevas oportunidades, demostrando que el sistema multilateral puede responder a las circunstancias económicas cambiantes”.

Inclusión, asistencia técnica e inteligencia artificial

Para asegurar que la transición digital sea inclusiva, el embajador Nagai detalló un plan de asistencia técnica que incluye talleres, cursos formativos y evaluaciones de necesidades en el terreno. Este esfuerzo es complementado por la Secretaría de la OMC, bajo la dirección de la directora General Adjunta, Johanna Hill, quien ha impulsado alianzas estratégicas con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estas colaboraciones emplean inteligencia artificial para diagnosticar la infraestructura física y no física necesaria en África, América Latina y el Caribe, facilitando así la aplicación del acuerdo.

El desafío de la gobernanza digital

Más allá de la formalidad jurídica, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) advierte que la gobernanza del comercio electrónico enfrenta retos críticos. Si bien el comercio digital reduce barreras de entrada para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), permitiéndoles acceder a mercados antes inalcanzables, también impone desafíos complejos a los Gobiernos. Entre ellos, la ciberseguridad, la protección al consumidor, la recaudación fiscal y la brecha digital se posicionan como los temas centrales de un debate que moviliza actualmente a unos 90 miembros de la organización.

Con la mira puesta en integrar el ACE en el Anexo 4 de las normas de la OMC, los coorganizadores realizarán próximamente una sesión informativa abierta para ampliar el apoyo y asegurar que el ecosistema digital global cuente finalmente con las reglas claras que demanda el mercado actual.