Frente al incremento del 10% al 12,5% en la sobretasa aplicada por Estados Unidos a las importaciones nacionales, los equipos técnicos del Gobierno han volcado su estrategia hacia una negociación bilateral orientada a ampliar el número de productos exceptuados.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Paula Esteves, explicó que Chile quedó sujeto a dicho arancel tras una evaluación estadounidense que determinó que el país no cuenta con un mecanismo de prohibición de importaciones que cumpla con los criterios específicos de la investigación.

No obstante, la autoridad enfatizó que la resolución no determinó la existencia de trabajo forzoso en Chile ni estableció que el país importe bienes producidos bajo esas condiciones, descartando que la medida represente un juicio a la relación bilateral.

Negociación bilateral y ventajas competitivas frente a Noruega

Para revertir el impacto, la Cancillería canaliza justificaciones producto por producto, argumentando que los alimentos del mar complementan la oferta estadounidense y dinamizan su propia economía. A pesar de este escenario, el Tratado de Libre Comercio permite a Chile preservar ventajas frente a competidores directos.

La subsecretaria detalló que el país representa cerca del 45% de las importaciones estadounidenses de salmónidos, elevando esa participación al 63% en filetes frescos y al 53% en congelados, mientras que Noruega debe acumular los aranceles base a la sobretasa de 12,5%. Con ello, la negociación no solo defiende una relación comercial clave para Chile, sino también una cadena de abastecimiento fundamental para el mercado norteamericano.

Impacto en costos, cadena de suministro y empleo sectorial

El análisis de esta contingencia tuvo lugar el pasado 5 de agosto en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, donde autoridades, gremios, parlamentarios y dirigentes sindicales examinaron las consecuencias comerciales y laborales. Desde la industria, el presidente de SalmonChile, Patricio Melero, calificó el arancel como un duro golpe que presiona los costos de una actividad cuyas exportaciones a ese destino bordearon los US$2.600 millones en 2025.

El dirigente gremial remarcó que Estados Unidos depende ampliamente de las importaciones y que Chile es su principal proveedor sin competir con una producción doméstica equivalente, pidiendo su exclusión para evitar sobrecostos al consumidor. Asimismo, recordó que las empresas asociadas mantienen oficinas y operaciones de procesamiento en EE. UU. que generan unos 1.200 empleos directos, además de utilizar insumos, tecnología y genética norteamericana, vinculando una cadena que involucra a más de 4 mil proveedores y 86 mil empleos.

Preocupación laboral y cuestionamientos a organizaciones internacionales

Desde la perspectiva laboral, Alejandro Santibáñez, presidente de la Multisindical de Trabajadores Salmoneros, advirtió que la presión sobre los costos repercutirá en proveedores, menores contrataciones, posibles desvinculaciones y complejas negociaciones colectivas. Además, planteó la necesidad de fortalecer la capacitación ante la automatización.

En la misma línea, Miriam Chávez, secretaria de la Multisindical y presidenta del sindicato de AquaChile en Calbuco, defendió su trayectoria de 25 años y rechazó categóricamente las acusaciones sobre condiciones de trabajadoras difundidas por organizaciones internacionales.

Abraham Abad y Pablo Verasalud, representantes del sindicato Mowi Aysén, alertaron sobre posibles ajustes en dotaciones, bonos y la postergación de inversiones en pisciculturas y ampliaciones debido a la incertidumbre.

La sesión también expuso cuestionamientos hacia las actuaciones de organizaciones como Fundación Libera y Ecocéanos ante instancias extranjeras, cuyas denuncias sobre trabajo forzoso fueron criticadas por la falta de participación de los trabajadores, sumando inquietudes de los senadores Carlos Ignacio Kuschel, Alejandro Kusanovic, Miguel Ángel Calisto e Iván Flores sobre el impacto en las regiones australes.

Con matices y enfoques diversos, los actores confluyeron en respaldar las gestiones gubernamentales e industriales para lograr que el salmón sea incorporado al listado de bienes excluidos del arancel estadounidense.