Ante la Contraloría General de la República, la Asociación Nacional de Agentes de Naves (Asonave) ingresó una solicitud formal. En ella pidió revisar la Tarifa de Uso de Puerto aplicada a las naves por las empresas portuarias estatales.

Según expuso el gremio, el cobro presenta cuestionamientos en su legalidad y forma de cálculo. Asimismo, advirtió falta de transparencia, ausencia de una metodología definida y escasa claridad sobre el uso de los recursos.

Recaudación y finalidad original del cobro

De acuerdo con una publicación de El Mercurio, la asociación recordó el objetivo original de la Tarifa de Uso de Puerto. Ese objetivo fue financiar infraestructura portuaria común.

Sin embargo, tras más de veinte años desde su implementación, no existirían antecedentes claros que permitan verificar el destino de los fondos. Desde el año 2000, la recaudación acumulada alcanzaría cerca de US$ 750 millones, según estimaciones del gremio. Para este año, esa cifra podría llegar a US$ 900 millones.

“Pese a ese flujo de ingresos, diseñado teóricamente para financiar infraestructura común, no se observan a la fecha obras de abrigo nuevas o ampliaciones significativas en los puertos estatales”, señaló Asonave.

Cuestionamientos regulatorios y determinación tarifaria

En el oficio, la asociación acusó un “vacío regulatorio y arbitrariedad en la determinación de la Tarifa de Uso de Puerto”. Por este motivo, solicitó una auditoría que permita aclarar los criterios utilizados para su fijación.

El gremio advirtió que el cobro se ha transformado en una fuente relevante de ingresos para ciertas empresas portuarias estatales. Indicó que en el puerto de San Antonio la tarifa alcanza hasta un 52% de los ingresos. En otros terminales, las cifras serían cercanas al 30%.

“La ausencia de reglas claras ha permitido un manejo opaco de estos recursos”, sostuvo la asociación.

Efectos en fletes y sistema portuario

El presidente de Asonave, Gonzalo Fernández, afirmó que el gremio ha realizado gestiones durante una década. Según indicó, esas gestiones no han permitido conocer con claridad el destino de los fondos.

“Llevamos unos 10 años de gestiones, de consultas, y no hemos tenido claridad respecto de en qué se está invirtiendo o si están los fondos”.

Fernández señaló que los cobros inciden directamente en la competitividad del sistema portuario nacional. “Estos cobros portuarios hacen que los fletes sean más caros y los puertos menos competitivos”.

Agregó que la situación podría agravarse si avanzan iniciativas como el royalty portuario en discusión en el Congreso.

Otros cobros cuestionados y respuesta del MTT

La asociación extendió sus cuestionamientos a otros cobros del sistema portuario. Entre ellos mencionó el de “faros y balizas”, administrado por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar). Según el gremio, no se ha entregado un desglose claro sobre el destino de esos recursos.

Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) señalaron que las empresas portuarias estatales cuentan con facultades legales. Indicaron que ello se ajusta a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 19.542. Precisaron que la Tarifa de Uso de Puerto se aplica por el uso de bienes comunes. También se aplica por la provisión de aguas abrigadas.