Como represalia por la anulación del contrato para operar las terminales de Balboa y Cristóbal, vinculadas a CK Hutchison, China habría solicitado a empresas estatales suspender conversaciones sobre nuevos proyectos con Panamá, según informó Bloomberg.

Esta decisión, de acuerdo con Bloomberg, podría afectar iniciativas de inversión que estaban en fase de evaluación o negociación, cuyo valor potencial se estima en miles de millones de dólares. Las fuentes citadas señalaron que estas instrucciones forman parte de una reacción más amplia de Pekín frente a la decisión adoptada por la justicia panameña.

Además, dentro de las acciones consideradas, algunas navieras habrían recibido instrucciones de analizar rutas alternativas para el manejo de carga, siempre que no impliquen mayores costos operativos. Por su parte, autoridades aduaneras chinas estarían intensificando inspecciones a ciertos productos procedentes de Panamá, incluyendo bienes agrícolas.

Sumado a lo anterior, no se descarta que proyectos que ya se han iniciado puedan verse afectados por estas medidas. Según Bloomberg, aún no está claro si estas medidas tendrán efectos significativos a largo plazo, debido a que los costos logísticos y la estructura del comercio internacional limitan la posibilidad de sustituir el tránsito por el Canal de Panamá en muchas rutas.

Antecedentes judiciales en Panamá

El pasado 29 de enero, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, sus adendas y el acto de prórroga relacionados con el contrato con Panama Ports Company S.A (PPC).

Durante una sesión ordinaria del Pleno, la decisión se adoptó luego de discutir dos demandas de inconstitucionalidad identificadas como los expedientes 119313-2025 y 17547-2025.

Tras el fallo, la empresa informó el 3 de febrero que inició un proceso de arbitraje internacional contra la República de Panamá, señalando que este resultado contradecía decisiones anteriores de la Corte en relación con contratos similares al de PPC.

Reacciones oficiales

El fallo judicial fue calificado por la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del gobierno chino como “absurdo”, “vergonzoso” y “patético”, asegurando que defenderá los intereses de las empresas chinas afectadas por la decisión.

En respuesta, el presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que “Panamá es un país soberano que no se dejará intimidar por ningún Estado”.