Un presunto abuso de posición dominante en perjuicio de importadores y exportadores quedó en el centro del proceso que impulsa la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), luego de solicitar sanciones contra tres terminales portuarios por el cobro de una tarifa básica de seguridad en el servicio de transferencia de carga que, según el organismo, carece de justificación.

El requerimiento —presentado en marzo de 2024— apunta a Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), San Antonio Terminal Internacional (STI) y DP World San Antonio (DPW), empresas que habrían aplicado este cobro adicional a importadores y exportadores, pese a que las labores de seguridad ya estaban incorporadas en las tarifas que las navieras pagaban a los puertos.

Usuarios cautivos en el centro del caso

Durante los alegatos realizados el jueves ante el TDLC, el coordinador de la División de Litigios de la FNE, Adolfo Weber, sostuvo que la conducta investigada corresponde a un “abuso de posición dominante explotativo”, al permitir a las empresas obtener ingresos adicionales de usuarios sin capacidad real de evitar el pago.

“El caso presentado por la Fiscalía constituye un abuso de posición dominante explotativo que permitió a las requeridas percibir injustificadamente ingresos adicionales cuya obtención se encontraba previamente limitada por la presión competitiva que ejercen las empresas navieras y el poder de negociación de estas”, afirmó Weber.

Según expuso la Fiscalía, los importadores y exportadores enfrentan serias dificultades para sustituir el frente de atraque por el cual movilizan su carga, debido a los altos costos de cambio, lo que limita su capacidad de negociación y los convierte en usuarios cautivos.

Cobro sin respaldo en inversiones

La investigación detalla que el cobro fue implementado de forma progresiva por los terminales:

• Septiembre de 2019: Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS)
• Año 2020: San Antonio Terminal Internacional (STI)
• Febrero de 2021: DP World San Antonio (DPW)

De acuerdo con la FNE, en ninguno de los casos se realizaron inversiones extraordinarias que justificaran la nueva tarifa, pese a que las actividades de seguridad ya estaban consideradas en las tarifas pagadas por las navieras.

Además, el organismo sostiene que los terminales incrementaron sus ingresos sin modificar los cobros a las navieras, trasladando este nuevo cargo directamente a importadores y exportadores.

Multas por más de US$25 millones

En este contexto, la Fiscalía solicitó al TDLC el cese de la práctica y la aplicación de sanciones económicas que en total alcanzan 26.897 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 25,1 millones.

El desglose de las multas solicitadas es el siguiente:

• 10.812 UTA (US$ 10,1 millones) para TPS
• 11.047 UTA (US$ 10,3 millones) para STI
• 5.038 UTA (US$ 4,7 millones) para DP World San Antonio

La resolución del tribunal determinará si el cobro aplicado constituye una infracción a la libre competencia en el sistema portuario.