Ante el diseño de la futura concesión conjunta de los Terminales N°1 y N°2 del Puerto de Valparaíso, cuya puesta en marcha está programada para 2030, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha interpuesto ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una serie de condiciones regulatorias y de supervisión de carácter estricto. La intervención del organismo busca establecer un marco de resguardo para un activo clave del comercio exterior en la zona central, considerando que el escenario venidero estará marcado por una saturación operativa persistente.

De acuerdo con el análisis expuesto por el abogado de la División Antimonopolios de la FNE, Alejandro Domic, durante la audiencia pública de la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), el recinto porteño enfrentará una demanda que rozará o superará su capacidad instalada al menos hasta el año 2037, supeditado a que no existan demoras en la ejecución del Puerto Exterior de San Antonio. La Fiscalía enfatizó que esta falta de holgura operativa disminuye la capacidad de contrapeso competitivo entre los terminales, elevando las probabilidades de que el concesionario ejerza poder de mercado o incurra en prácticas discriminatorias.

El resguardo de la carga fraccionada

Un punto de especial preocupación para la FNE es el segmento de carga fraccionada, el cual registra una concentración del 96% en Valparaíso con escasas alternativas geográficas. La Fiscalía advirtió que, ante la alta demanda, el operador tendría incentivos para desplazar este tipo de mercancía en favor de servicios más lucrativos. Para garantizar el suministro y la continuidad de las prestaciones, el organismo sugirió modificar las reglas operativas y los esquemas tarifarios actuales.

Exigencias en fiscalización y transparencia

La FNE hizo hincapié en que la integración vertical, sumada a la política de descuentos y las restricciones de acceso, representa un riesgo elevado en un puerto congestionado. Por ello, instó al TDLC a robustecer los mecanismos de supervisión durante la vigencia del contrato, exigiendo un acceso fluido a datos estratégicos, mayores niveles de transparencia y la implementación de sanciones pecuniarias que resulten proporcionales a las posibles ganancias obtenidas por infracciones.

Antes de avanzar hacia el proceso de licitación, el organismo solicitó ajustar varios elementos financieros y operativos, entre ellos:

• La metodología de ponderadores del índice de tarifas.
• El diseño de los cánones fijos y variables.
• La incorporación explícita de las tarifas para cruceros en la adjudicación.

Como directriz final, la FNE solicitó que el marco regulatorio no cree brechas entre puertos vinculados funcionalmente. En este sentido, pidió tomar como baremo mínimo los resguardos ya definidos para el Puerto Exterior de San Antonio, evitando así asimetrías que perjudiquen el equilibrio competitivo del sistema portuario nacional.