La industria frutícola de exportación de Chile, representada por Frutas de Chile (fundada en 1935), alertó sobre los riesgos crecientes a su competitividad internacional. Esto se debe al aumento de los costos operativos y logísticos, la limitación para expandirse por la falta de infraestructura hídrica y el incremento de aranceles en Estados Unidos. Según la organización, la imposición de un royalty portuario podría afectar gravemente al sector.

Las declaraciones fueron entregadas por Miguel Canala-Echeverría, gerente general de Frutas de Chile, durante su exposición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco del análisis del proyecto de ley que propone modificar la Carta Fundamental para establecer este royalty.

Competitividad y relevancia del sector

Canala-Echeverría describió el sector y su importancia para el país, destacando que es el segundo sector exportador y un generador significativo de empleo. «El rubro genera más de 260 mil empleos directos y más de 400 mil indirectos cada año. Mientras que el año 2024 nuestros envíos cerraron con más de US$8 mil millones, lo que se tradujo en importantes ingresos para Chile», señaló.

Durante la temporada 2024-25, las exportaciones de fruta fresca alcanzaron un récord de más de 3 millones de toneladas, con más del 90% enviadas por vía marítima. Los puertos principales fueron Valparaíso (57%) y San Antonio (34%).

El ejecutivo advirtió: «Hoy, la competitividad de la fruticultura de exportación está en juego, ya que, las presiones competitivas aumentan y otros competidores han igualado o mejorado las preferencias arancelarias de Chile. Tenemos desafíos en temas hídricos, que restringen nuestro crecimiento. Hay una gran presión por el aumento de plagas cuarentenarias que ingresan al país, principalmente debido al comercio ilegal de alimentos, que repercute en mayores costos a nivel productivo y pone en riesgo el acceso a los mercados internacionales».

Costos y comparación con la región

El gerente general añadió que el aumento de los costos operativos y logísticos ha afectado la competitividad del país frente a sus competidores.

Como ejemplo, mencionó la situación en Perú, donde se ha logrado aumentar la superficie cultivada gracias a inversiones en infraestructura hídrica (más de USD 24.000 millones para regar 1,2 millones de hectáreas), en infraestructura portuaria con el nuevo puerto de Chancay (USD 3.600 millones) y la ampliación del puerto de Callao (USD 500 millones). Además, cuentan con una Ley de Fomento Agrícola, que incluye beneficios como reducción del impuesto a la renta al 15% y depreciación acelerada del 20% anual en infraestructura hidráulica y riego.

Opinión sobre el proyecto de ley

Canala-Echeverría criticó la imposición de impuestos específicos sobre actividades clave de la cadena exportadora. «Este impuesto, independientemente de su monto, será traspasado a la carga, elevando los costos logísticos del sector en un estimado de USD 2,5 a 3 millones adicionales por temporada», afirmó.

El ejecutivo agregó que el enfoque del gobierno debería estar en aumentar la eficiencia portuaria, asegurar acceso terrestre, seguridad en rutas y la implementación de terceros turnos. «Hay que generar soluciones para que la logística sea más eficiente, y la eficiencia no pasa, necesariamente, por más impuestos», explicó.

Sobre la medida de compensación a comunas-puerto, el gremio pidió que no se transforme en una carga excesiva que reduzca la competitividad de la industria exportadora y que evite un «doble cobro». Sugirió que la revisión y redistribución de recursos recaudados por la Tarifa Única Portuaria permitiría cumplir mejor el propósito, ya que estos impuestos son de recaudación y uso general para la nación.

Finalmente, Miguel Canala-Echeverría concluyó: «En definitiva, la imposición de nuevos impuestos resta capacidad al sector para competir globalmente«.