El Gobierno de Chile se encuentra evaluando de manera detallada los alcances jurídicos y económicos de un eventual Acuerdo Comercial Recíproco (ART, por sus siglas en inglés) con Estados Unidos.

Este instrumento se analizaría como una herramienta paralela y complementaria al Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por ambas naciones en 2003 y que rige los intercambios de bienes y servicios desde hace más de dos décadas.

La iniciativa surge en el marco de las conversaciones bilaterales para mitigar las sobretasas arancelarias recientes del 12,5% impuestas por Washington, buscando ampliar la proporción de exportaciones nacionales que ingresan con arancel cero al mercado norteamericano.

Desde el Ejecutivo se ha enfatizado que la revisión de este acuerdo no implica la sustitución ni el reemplazo del TLC actual, sino la búsqueda de certezas normativas adicionales para resguardar la competitividad de envíos estratégicos como el salmón, las frutas frescas, el vino y los productos madereros en un entorno de ajuste en la política comercial de Washington.

Las proyecciones de Cancillería y la meta en la mesa arancelaria

Actualmente, cerca del 53% del valor de las exportaciones chilenas ingresa a Estados Unidos libre de aranceles, por lo que la meta de las autoridades locales es elevar esa cobertura a un 68% mediante las tratativas en curso. Sin embargo, desde la Cancillería chilena han sido enfáticos en señalar que las dinámicas del comercio internacional exigen un enfoque realista y pragmático durante las reuniones técnicas.

En el marco de la revisión que efectúa la División Jurídica de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) junto a la contraparte estadounidense, las autoridades redefinieron los objetivos de la agenda bilateral:

«La política comercial de Estados Unidos cambió y estamos negociando un Agreement on Reciprocal Trade de igual a igual. Actualmente el 53% de nuestras exportaciones ingresa con arancel cero, afectado por sobretasas en sectores como el salmón, maderas y vinos. Queremos aumentar esa cifra al 68%, pero quiero ser muy clara: no vamos a llegar al 100% a arancel cero porque la realidad del comercio global es otra. La posibilidad de firmar un ART se estudia como un complemento al TLC», afirmó Paula Estévez, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

Cautela en el sector académico sobre el balance de costos y concesiones

La posibilidad de avanzar en este esquema normativo ha despertado análisis contrapuestos entre economistas y especialistas en derecho e integración internacional. Mientras los sectores exportadores ven con interés cualquier mecanismo que alivie las barreras tarifarias en el mercado norteamericano, analistas advierten que la posición negociadora de una economía pequeña exige revisar meticulosamente las concesiones que podrían solicitarse en materias no arancelarias, tales como estándares de propiedad intelectual, patentes farmacéuticas o arbitrajes de inversión.

Las voces de la academia señalan que, al existir un marco institucional de libre comercio plenamente consolidado desde 2004, la aprobación de nuevos compromisos bilaterales exige garantizar que no se restrinja la autonomía del Estado para diseñar políticas públicas en salud, fomento industrial y medioambiente.

Al analizar la posición relativa de Chile en la mesa de negociaciones y los equilibrios del acuerdo, expertos internacionales llamaron a actuar con cautela técnica:

«Es indispensable revisar con lupa qué se gana y qué se pierde en esta negociación. Al contar ya con un TLC plenamente operativo, un nuevo acuerdo recíproco debe demostrar que agrega valor real a la producción nacional y que no impone restricciones a la capacidad regulatoria del país, considerando además que el poder de negociación de una economía como la chilena frente a Estados Unidos requiere una estrategia sumamente meditada», señaló Pol Antràs, académico y experto en comercio internacional de la Universidad de Harvard.

El proceso de revisión legal continúa a cargo de los equipos especializados de la Subrei, que mantendrán rondas de trabajo con gremios exportadores y actores del sector privado antes de definir la postura formal dentro de la agenda bilateral.