Una nueva ofensiva socioambiental busca obligar a la gigante tecnológica estadounidense Google a someter a una rigurosa evaluación de impacto ambiental su proyecto de data center de US$ 200 millones en la comuna de Cerrillos. 

La acción reabre el debate en torno a la iniciativa, luego de que en 2024 la compañía desistiera de su propuesta original tras los reparos presentados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debido a su elevado consumo de recursos hídricos.

Organizaciones como el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio (MOSACAT) presentaron antecedentes técnicos ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Las agrupaciones cuestionan que la tecnológica intente ingresar como una iniciativa completamente «nueva» un proyecto emplazado en el mismo terreno cuya autorización anterior fue parcialmente anulada por la justicia ambiental.

Rediseño técnico y enfriamiento por aire: Las claves de la propuesta de Google

El megaproyecto informático es impulsado por Inversiones y Servicios Dataluna Ltda., filial de Google en Chile. La iniciativa contempla un terreno de aproximadamente 23 hectáreas en Camino a Lonquén, donde se planifica la construcción de edificios, grupos electrógenos, sistemas de enfriamiento, una subestación y dos túneles eléctricos subterráneos para conectarse con la subestación Chena.

Un documento oficial confirma que la empresa presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una consulta de pertinencia denominada «Data Center Cerrillos», catalogándola como un «proyecto nuevo». Este trámite consiste en un procedimiento administrativo previo mediante el cual la autoridad evalúa si una modificación o proyecto debe someterse formalmente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el objetivo final de confirmar que la firma no se encuentra obligada a ingresar a dicho sistema.

Esta nueva propuesta técnica reemplaza el polémico diseño presentado en 2020 al incorporar un sistema de enfriamiento por aire. Con este ajuste en la infraestructura, el proyecto deja atrás la extracción masiva de agua del Acuífero Santiago Central, cuya autorización previa había sido revocada por la justicia ambiental.

Cuestionamientos ambientales y reparos de las organizaciones territoriales

Las organizaciones ciudadanas cuestionaron la escasa información técnica presentada por la empresa, advirtiendo que el proyecto contempla la instalación de 44 grupos electrógenos (que suman 120,25 megavatios de potencia instalada) y 63 unidades de refrigeración cuyo tipo, cantidad y nivel de peligrosidad no han sido detallados transparentemente. Asimismo, denunciaron la omisión de un trazado georreferenciado completo para la conexión eléctrica y de los posibles efectos nocivos que esta megaobra tendría sobre tres humedales ubicados a escasos kilómetros.

Respecto a la controversia legal y comunitaria, Rodrigo Cavieres, cofundador de MOSACAT, advirtió: “Que proyectos contaminantes, como los centros de datos, queden fuera del SEIA vulnera el acceso de la sociedad civil a la información y a la participación en asuntos ambientales, derechos que el Estado de Chile se comprometió a garantizar al firmar el Acuerdo de Escazú”.

Tras la recepción de las observaciones técnicas y las solicitudes presentadas por las comunidades, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) deberá analizar los antecedentes para determinar si el proyecto de Google está obligado a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) o si se ratifica la pertinencia de su nuevo diseño.