Diez organizaciones productivas del Biobío emitieron una declaración pública este viernes para cerrar filas contra el proyecto de pesaje de camiones, advirtiendo que su diseño actual elevará los costos logísticos, provocará congestión y restará competitividad a la macrozona centro-sur.

La iniciativa, ingresada en 2012 y aprobada por la Cámara de Diputados en julio de 2025, cursa su segundo trámite en la Comisión de Obras Públicas del Senado. De convertirse en ley, exigirá a puertos, bodegas y operadores logísticos con un flujo igual o superior a 60 mil toneladas anuales pesar cada despacho mediante básculas certificadas, transmitiendo los datos en línea a la autoridad vial.

Cuestionamiento al modelo de control en recintos de destino

El reparo central de los gremios apunta al esquema operativo propuesto para resguardar la infraestructura vial y evitar el sobrepeso. Al respecto, el presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) Biobío, Álvaro Ananías, remarcó que «la regulación debe ser técnicamente eficaz, proporcional y compatible con el funcionamiento de las cadenas productivas y logísticas del país».

El dirigente cuestionó que la iniciativa «concentra nuevas obligaciones de control en instalaciones de destino, como puertos, plantas industriales y centros de transferencia de carga, cuando el eventual daño a los caminos ya se ha producido durante el trayecto». Según sostuvo, este mecanismo «no resuelve adecuadamente el problema de fondo y podría generar nuevos puntos de congestión, mayores tiempos de espera y una disminución de la capacidad operativa del sistema logístico«.

Impacto operativo por sectores productivos

La preocupación se extiende por el rol de la Región del Biobío como plataforma productiva clave en los rubros forestal, agrícola, pesquero, industrial, portuario y de transporte, afectando la cadena de abastecimiento desde las materias primas hasta las exportaciones.

Sector forestal y faenas móviles

En la industria maderera, las faenas de cosecha y los puntos de carga «son móviles, temporales y muchas veces se desarrollan en terrenos de pendiente y difícil acceso», precisó Alejandro Casagrande, presidente regional de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) Biobío y Ñuble. El ejecutivo explicó que en dichos sitios «no es técnicamente factible instalar básculas fijas o sistemas de pesaje por eje», por lo que solicitó validar las «tecnologías incorporadas en las grúas de carguío que permiten controlar el peso de la madera».

Asimismo, alertó sobre el riesgo de «que se terminen duplicando controles a lo largo de una cadena que moviliza madera desde los bosques hacia aserraderos, plantas industriales y puertos», impactando a las pymes. «Necesitamos fortalecer la fiscalización efectiva en las rutas y aprovechar los sistemas de pesaje existentes, en lugar de sumar exigencias que encarezcan innecesariamente la producción y el transporte forestal», añadió.

Industria pesquera y trazabilidad

Dificultades similares enfrenta la industria pesquera. Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, recordó que «hoy todas las plantas cuentan con sistemas de pesajes certificados que forman parte del sistema de trazabilidad que regula Sernapesca», por lo que imponer un envío adicional a la Dirección de Vialidad restará competitividad. «El proyecto podría generar una duplicidad en el registro de información ya que no se contemplan mecanismos de integración con otros organismos del Estado», puntualizó.

Agroexportación y comercio exterior

Por su parte, el presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío (Socabio), José Miguel Stegmeier, enfatizó los riesgos para el rubro hortofrutícola, ya presionado por los efectos del fenómeno de El Niño. «Imponer hoy una Ley de Pesaje que colapsa los nodos de distribución e interrumpe el flujo continuo de los camiones demuestra un desconocimiento absoluto de la logística agroexportadora«, fustigó, remarcando que «en el comercio mundial de fruta fresca, cada día de retraso en el trayecto destruye el valor del producto en destino».

En tanto, desde Asexma Biobío, su gerente Alfredo Meneses alertó que estas exigencias encarecen la gestión de las pymes exportadoras y agravan la situación del comercio exterior en una zona donde más del 50% del Producto Interno Bruto depende de dicha actividad, acotando que cualquier medida que genere «algún nivel de ruido en nuestras plataformas de comercio exterior evidentemente que se hace resentir» en la meta de «generar empleo».

A su vez, el presidente del Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), Nelson Donoso, planteó que «compartimos plenamente la necesidad de proteger nuestra infraestructura vial y garantizar la seguridad, pero debemos avanzar hacia soluciones que sean efectivas y que no terminen generando mayores costos, duplicidad de controles o nuevas dificultades para las empresas».

Las cinco propuestas de los gremios al Senado

Frente a la tramitación legislativa, las diez organizaciones firmantes emplazaron a la comisión senatorial «a revisar el diseño actual del proyecto e incorporar las observaciones de los sectores productivos del país» mediante un diálogo técnico, planteando cinco puntos clave:

• Fiscalización estratégica: Priorizar los controles en el origen y en trayecto, en lugar de cargar la responsabilidad sobre los recintos de llegada.
• Criterios de proporcionalidad: Reconocer las particularidades operacionales de faenas móviles, plantas e instalaciones portuarias.
• Integración digital: Aprovechar los mecanismos de trazabilidad existentes y avanzar en la interoperabilidad entre organismos públicos para evitar duplicidades.
• Claridad y gradualidad: Definir las responsabilidades de cada actor y fijar plazos de implementación progresivos.
• Evaluación de impacto: Medir previamente los efectos de las exigencias sobre los costos de transporte, tiempos de atención y proyectos de inversión.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, recordó que el sobrepeso «no solo daña los caminos, también genera competencia desleal y se asocia a prácticas como el contrabando». Sin embargo, la autoridad calificó como «legítima» la inquietud empresarial por los costos operativos y manifestó «total disposición» para recibir e integrar propuestas durante la discusión en el Congreso.