Como consecuencia de la toma de sus terminales portuarias en Panamá y la ruptura de un contrato de largo plazo, Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison, comunicó el inicio de un arbitraje internacional en Londres contra Maersk. La empresa fundamentó esta acción en el acuerdo que regulaba el uso de sus operaciones portuarias.

En ese marco, PPC explicó: «El arbitraje se basa en un contrato de largo plazo para facilitar un enfoque colaborativo de negocio mediante el uso exclusivo de las operaciones de las terminales portuarias de PPC en Panamá y el acceso a un rango de instalaciones operativas e información de PPC».

Señalamientos por incumplimiento y expulsión operativa

De acuerdo con la compañía, «Maersk socavó el contrato y se alineó con la República de Panamá en conexión con su campaña estatal contra PPC y un esquema para sustituirla mediante una toma que instaló nuevos operadores portuarios».

Asimismo, PPC sostuvo que el 23 de febrero fue expulsada de sus operaciones mediante «medidas ejecutivas extremas». Posteriormente, se produjo la toma de la concesión del puerto de Balboa, que fue adjudicada a un operador vinculado a Maersk, el cual habría utilizado instalaciones operativas e información de PPC.

Anulación de concesión y redistribución de operaciones

El origen de este escenario se remonta al fallo del Supremo de Panamá del 30 de enero, mediante el cual se anuló la concesión otorgada a PPC. Como resultado de esta decisión, el Estado asumió el control de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.

En continuidad con este proceso, el 23 de febrero la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dispuso la operación transitoria por un periodo de hasta 18 meses. En ese contexto, el puerto de Balboa fue asignado a APM Terminals, filial de Maersk, mientras que el puerto de Cristóbal quedó bajo la operación de Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC).

Contexto de la concesión y entorno internacional

La concesión anulada había sido otorgada en 1997 y renovada en 2021. La decisión judicial se produjo tras años de denuncias por presunta lesión al Estado, las cuales fueron presentadas ante los organismos correspondientes sin prosperar, lo que dio paso a acusaciones de corrupción.

De forma paralela, el proceso se desarrolló en medio de presiones internacionales. Estados Unidos acusó una supuesta influencia de China en el Canal debido a la presencia de Hutchison en puertos cercanos. A su vez, Pekín impidió que el conglomerado hongkonés concretara la venta de cerca de 40 terminales a un consorcio liderado por el gestor estadounidense de activos BlackRock, incluidas las instalaciones panameñas.

Reclamaciones en curso y acciones legales paralelas

Según el comunicado, el arbitraje en Londres se desarrolla de manera independiente a otras acciones legales emprendidas contra el Estado panameño, al que la empresa acusa de incurrir en una conducta «anti-contrato y anti-inversionista».

En esa línea, PPC afirmó: «PPC perseguirá enérgicamente sus reclamaciones en el arbitraje contra Maersk y sus reclamaciones contra Panamá, así como otros derechos y remedios».

Finalmente, PPC y CK Hutchison informaron que ampliaron sus reclamaciones en el arbitraje internacional contra el Estado panameño, superando los 2.000 millones de dólares.