El proyecto de ley que modifica las normas de autocontrol de pesaje de carga, actualmente en segundo trámite legislativo en el Senado, ha generado un debate sobre la necesidad de equilibrar la protección de la infraestructura vial con la competitividad logística.

El proyecto busca resguardar los caminos públicos de los daños generados por vehículos con sobrepeso mediante obligaciones más estrictas y sanciones, estimando el Ministerio de Obras Públicas ahorros de US$215 millones en 20 años.

Al respecto, María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), señaló que “proteger la infraestructura vial es un objetivo compartido, pero ello debe lograrse resguardando también la competitividad, la eficiencia logística y la capacidad de crecimiento del país”, agregando que “una regulación de esta magnitud debe asegurar reglas claras, responsabilidades bien definidas y una adecuada evaluación de sus impactos”.

Desafíos para la operación logística

La CCS advirtió que el diseño actual “plantea desafíos relevantes para la operación logística, al trasladar a las empresas funciones de control, registro y certificación que pueden afectar la continuidad de las cadenas de abastecimiento“.

El gremio señaló que el proyecto podría generar mayor congestión y tiempos de operación, exigiendo inversiones sin una evaluación de impactos económicos y operativos, recordando que la Asociación Logística de Chile (Alog) advirtió anteriormente que esto podría generar costos para la industria de US$6.200 millones en 20 años.

Valoración de las indicaciones del Ejecutivo

La CCS valoró las indicaciones presentadas por el ejecutivo que incorporan “criterios de gradualidad en la implementación, la exclusión de vehículos de menor impacto vial, el reconocimiento de contingencias operativas y la posibilidad de establecer soluciones flexibles, como sistemas de control compartidos o puntos de pesaje alternativos.

Estas mejoras contribuyen a hacerse cargo de parte de las preocupaciones levantadas por el sector productivo y logístico“, aseguran.

Propuestas de ajuste del gremio

El gremio entregó una serie de ajustes para resguardar el funcionamiento de la logística y el comercio, recomendando clarificar la distribución de responsabilidades, evitar duplicidades regulatorias mediante la coordinación con otros organismos públicos y reconocer equivalencias tecnológicas.

También apuntó a la necesidad de precisar los criterios de aplicación del sistema y ampliar la exclusión a vehículos pesados de 2 o más ejes cuyo peso bruto total sea inferior a 18 toneladas, o aquellos cuyo peso bruto total sea inferior a 21 toneladas y cuenten con tres o más ejes.

Asimismo, la CCS recomendó adoptar un enfoque basado en riesgo, revisar la proporcionalidad del régimen sancionatorio que considera multas de hasta 100 UTM (más de $72 millones) y realizar una evaluación de costo beneficio antes de que entre en vigencia el sistema.

María Teresa Vial concluyó: “Chile necesita fortalecer su infraestructura y modernizar sus mecanismos de fiscalización, pero también avanzar con regulaciones que promuevan la inversión, la productividad y el crecimiento. La protección de la infraestructura vial y la competitividad del país no son objetivos contrapuestos; una buena regulación debe ser capaz de fortalecer ambos objetivos simultáneamente”.