El proyecto de ley sobre cabotaje marítimo que actualmente se debate en el Senado y que busca permitir que navieras extranjeras participen en el transporte de carga entre puertos chilenos presenta posturas a favor, pero también en contra.

La propuesta, luego de algunas modificaciones, busca flexibilizar el cabotaje permitiendo una mayor participación de navieras extranjeras y pone énfasis en la posibilidad de que capitales foráneos puedan constituir navieras chilenas y competir en igualdad de condiciones.

De este modo, el proyecto propone que navieras extranjeras puedan prestar servicios solo en rutas que no puedan ser cubiertas por barcos nacionales; que estén autorizadas a recoger carga de cabotaje en su trayecto de salida, para aprovechar su capacidad ociosa; y que puedan acceder a un permiso renovable solo por una vez, luego del cual deberán constituirse como naviera chilena y contar con dotación nacional, entre otros aspectos.

Se argumenta que esta flexibilización promoverá la competencia y contribuirá a reducir los costos; por ejemplo, las tarifas de transporte de graneles podrían disminuir en rango de un 21% a 43%; mientras que las de carga general entre un 17% y un 35%. Lo que implicaría ahorros para el país de entre US$90 millones y US$186 millones anuales.

Sin embargo, las criticas aducen que esta iniciativa podría generar pérdidas de empleo y una eventual competencia desleal con el ingreso de competidores de afuera.

El ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, manifestó que «liberar el cabotaje en un mercado concentrado es procompetencia y apunta a un mejor aprovechamiento de nuestra ‘carretera’ marítima. Mover carga entre puertos chilenos (sin competencia externa) puede costar, para misma distancia, más del doble que moverla entre países (con competencia externa)».

Agregó, en esa línea, que «el mayor costo de transporte debido al proteccionismo imperante sostiene artificialmente las rentas de las empresas incumbrentes en desmedro de los chilenos».

«Pareciera que ciertos sectores son libremercadistas solo cuando no les compiten», concluyó.

José Luis Daza, de LyD, manifestó que la propuesta promueve el mercado y la competencia más no a algunas empresas específicas, por lo que resaltó que se debe terminar con esta forma de proteccionismo y que los beneficios de adoptar esta iniciativa se verían rápidamente.

De igual manera, el académico de Ingeniería Industria de la Universidad de Chile, Luis Llanos, indicó que más opciones de transporte da mayor eficiencia a las cadenas de suministro e introduce posibilidades de transporte multimodal.

«Esto redunda en una mayor eficiencia de la economía, con mejores precios, menor congestión y mayor resiliencia en las cadenas», refirió.

«Por cierto -piensa también- hay adecuaciones en algunos sectores, como los navieros locales y en el transporte terrestre, pero, claramente, toda esta regulación es un paso en la dirección correcta».

Por su parte, el presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), Daniel Fernández, argumentó que «las navieras internacionales no tienen ningún interés en hacer cabotaje en Chile, es un mercado chico y son naves muy grandes. Por lo tanto, decir que este proyecto de ley es una amenaza, me parece que no corresponde, no es así, no va a ocurrir».

Héctor Carrasco, presidente del sindicato Nautilus, que representa a más de 170 capitanes de la marina mercante, señaló que «se exterminarían las fuentes laborales de los trabajadores de la marina mercante nacional, afectando a más de cien mil trabajadores directa e indirectamente».

El proyecto «traerá cesantía, cierre de empresas, daños al medio ambiente marino y siembra un manto de dudas en lo que respecta a la seguridad nacional como un todo», señaló también.

Desde la Asociación de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral de Chile (Armasur A.G), en tanto, pusieron un énfasis en la seguridad nacional.

Así, su presidente, Héctor Henríquez, recalcó que «la Ley de Navegación es una ley estratégica que tiene que ver con promover las condiciones bajo las cuales elementos de seguridad, soberanía y geopolítica se resguarden de mejor manera».

En esa línea, sostuvo que «bajo consideraciones estratégicas tiene sentido que las dotaciones, la propiedad, la autoridad y la normativa sea chilena».

Otros de los gremios que se han manifestado en contra de la iniciativa han sido los camioneros y algunos sindicatos de pescadores. Hace unos meses, de hecho, varias organizaciones ligadas a esos sectores enviaron una declaración rechazando lo que había presentado el Ejecutivo.