La mañana del jueves 19 de febrero, un camión que transportaba gas licuado volcó y explotó en la comuna de Renca, Región Metropolitana, dejando al menos once personas fallecidas y múltiples heridos. La explosión interrumpió una de las principales arterias de la capital y movilizó un amplio operativo de emergencia. Este suceso volvió a centrar la atención en la forma en que Chile gestiona preventivamente el transporte de sustancias peligrosas en entornos urbanos y su relación con la gestión del riesgo de desastres.

Enrique Calderón Carmona, jefe de Carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales Vespertina de la Universidad Técnica Federico Santa María Sede Viña del Mar, señaló: «La explosión del camión no fue únicamente un accidente de tránsito. Representa un riesgo conocido que el sistema sigue gestionando de forma fragmentada y con un enfoque preventivo insuficiente».

Marco regulatorio y exigencias

Chile cuenta con el Decreto Supremo N°298 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que establece obligaciones sobre rotulación, condiciones técnicas de los vehículos, capacitación de conductores, documentación de carga y medidas de seguridad durante el traslado. El artículo 5 exige dispositivos de registro de velocidad, el artículo 17 ordena programar itinerarios evitando vías de alto flujo y zonas densamente pobladas, y el artículo 22 define responsabilidades directas del conductor respecto de la seguridad de la carga.

«No basta con que la norma exista. La pregunta relevante es cuán efectiva es la supervisión y fiscalización continua para garantizar que estas exigencias se cumplan», subrayó Calderón Carmona.

El artículo 25 del DS N°298, explicó el experto, obliga a que los conductores cuenten con capacitación específica y porten la documentación de la carga, asegurando que la operación se realice bajo condiciones controladas durante todo el trayecto.

Riesgo tecnológico y magnitud del impacto

El transporte de gas licuado implica un alto potencial energético. La liberación súbita de esta sustancia puede generar efectos térmicos y de sobrepresión en un radio considerable. Los reportes preliminares indicaron daños a decenas de vehículos y afectación extendida por cientos de metros más allá del punto de impacto.

«Estamos frente a riesgos capaces de escalar a desastres cuando confluyen tres factores: sustancias de alto potencial energético, entornos urbanos densos y alta exposición poblacional», enfatizó Calderón Carmona.

Desde la gestión del riesgo, este tipo de incidentes exige revisar todo el ciclo preventivo: identificación de peligros, análisis de probabilidad e impacto, implementación de medidas de mitigación y monitoreo continuo de su eficacia.

Integración y supervisión

Actualmente, la gestión del transporte de sustancias peligrosas en Chile se realiza principalmente desde un enfoque sectorial, con integración desigual en los instrumentos de gestión del riesgo de desastres. Según Calderón Carmona, esto limita la capacidad de anticipar riesgos y priorizar rutas críticas.

«Cuando un riesgo tecnológico no se incorpora consistentemente en los análisis territoriales y planificación preventiva, el sistema reacciona solo cuando el evento ya ocurrió», dijo.

La fiscalización combina responsabilidades del operador con controles estatales generalmente muestrales. Este modelo puede ser suficiente en actividades de riesgo moderado, pero su eficacia frente a cargas con potencial de daño masivo en zonas urbanas es discutible.

Reflexión sobre seguridad y respuesta

Tras la explosión, la capacidad de respuesta del sistema, especialmente de Bomberos, demostró efectividad. Sin embargo, también evidenció la necesidad de fortalecer el enfoque preventivo y prospectivo.

Calderón Carmona concluyó: «La pregunta de fondo no es si existe normativa suficiente. Es por qué, pese a conocer los riesgos, seguimos reaccionando después de la tragedia y no antes».

Este episodio revela que los sistemas realmente seguros se construyen sobre múltiples capas de defensa: monitoreo operativo, supervisión del transportista, gestión de fatiga y velocidad, planificación de rutas sensibles, fiscalización disuasiva y preparación territorial para emergencias tecnológicas.