El gobierno del presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva de emergencia para ampliar temporalmente el uso del denominado «diésel rojo» en el transporte comercial por carretera en Estados Unidos. La medida busca rebajar de manera inmediata los costos operativos de la flota de camiones de carga y el transporte de mercancías en el país, en un esfuerzo por contener la persistente presión inflacionaria que afecta la cadena de suministros.

El diésel rojo es químicamente idéntico al diésel convencional de uso automotriz, pero cuenta con un tinte rojo añadido para identificar que está exento de los impuestos federales y estatales sobre el combustible por estar reservado exclusivamente para la agricultura, la maquinaria pesada, la calefacción y usos no carreteros. Al autorizar de forma excepcional su empleo en vehículos comerciales de carga, la administración estadounidense busca inyectar alivio financiero directo a los transportistas y distribuidores de alimentos e insumos básicos.

Resignación de ingresos fiscales y tensión en los mercados financieros

La decisión de la Casa Blanca implica resignar temporalmente una fuente significativa de recaudación tributaria asociada a los combustibles, reflejando la urgencia del Ejecutivo por moderar las tarifas de los fletes terrestres antes de que terminen traspasándose al consumidor final. Esta flexibilización de impuestos se suma a la presión diplomática que la administración ejerce sobre sus aliados para liberar reservas de emergencia y estabilizar los precios de los destilados a nivel internacional.

En paralelo a la crisis de los carburantes, la economía estadounidense enfrenta el impacto de la subida en los rendimientos de los bonos del Tesoro, una tendencia que ha resonado con fuerza en los mercados globales. El alza de las tasas de interés de la deuda soberana ha elevado el costo del financiamiento para las empresas y los hogares, encareciendo los créditos hipotecarios y de consumo. Este contexto financiero adverso ha dejado poco margen de maniobra a Washington, obligando al uso de instrumentos no convencionales como la exención impositiva a los carburantes para no asfixiar la actividad económica.

Respecto al alcance del decreto sobre el carburante, analistas del sector energético y fiscal expresaron:

«La apertura del diésel teñido para el transporte por carretera es un mecanismo heterodoxo que busca perforar a la baja los costos logísticos en el corto plazo. Al eximir del impuesto federal a los camiones, la Casa Blanca intenta frenar el traslado del alza del combustible hacia los precios de la canasta básica, asumiendo un costo fiscal para evitar un mayor enfriamiento del consumo».

Efectos sobre el mercado de destilados y el comercio regional

El uso de diésel sin impuestos por parte del transporte pesado redistribuirá la demanda interna de destilados medios en Estados Unidos. Si bien alivia de forma directa a las empresas de transporte norteamericanas, analistas advierten que la medida no resuelve el problema de fondo de la capacidad de refinación, pudiendo generar fluctuaciones imprevistas en los inventarios disponibles para la exportación.

Este escenario fiscal y energético en la mayor economía del mundo impacta indirectamente a los países de América Latina dependientes de la importación de derivados del petróleo. La evolución de las tarifas de transporte en Estados Unidos y la variabilidad en sus tasas de interés continuarán condicionando los costos logísticos globales y las decisiones de política monetaria en la región durante los próximos meses.