Tras la anulación de la concesión de Panama Ports Company, APM Terminals, filial del grupo Maersk, gestionará la terminal de Balboa, mientras que Terminal Investment Limited, del MSC Group, asumirá Cristóbal. Ambas compañías operarán como parte de la transición iniciada por la Autoridad Marítima de Panamá.

La medida responde al eje central del proceso: la transición operativa en ambas terminales luego de que la Corte Suprema de Panamá declarara inconstitucional la prórroga de la concesión a Panama Ports Company, filial de CK Hutchison. El objetivo es asegurar la continuidad del servicio portuario y evitar impactos en la cadena logística en un contexto de alta sensibilidad internacional.

Plan de transición y criterios de selección

El director de Puertos de la Autoridad Marítima de Panamá, Max Flores, indicó que la transición durará 18 meses. Durante ese periodo se transferirán responsabilidades, procesos y controles de manera ordenada. La finalidad es que los puertos operen sin interrupciones.

La selección de APM Terminals y Terminal Investment Limited se basó en la experiencia de ambas empresas en la carga manejada en los puertos. Con ello, se busca garantizar eficiencia y continuidad logística.

Contexto legal y arbitraje internacional

Mientras el Gobierno defiende la legalidad del proceso, Panama Ports Company mantiene un arbitraje internacional. Esta situación podría generar complejidades, especialmente en el control de equipos, infraestructura y sistemas críticos vinculados a la operación portuaria.

Enfoque laboral y próximos pasos

En el ámbito laboral, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, aseguró que durante la transición se garantizará el pago a los trabajadores y el cumplimiento de sus derechos laborales. La medida busca minimizar el impacto en el personal portuario.

Durante los próximos meses se implementará la coordinación entre la Autoridad Marítima de Panamá, los operadores y las entidades estatales. El propósito es definir un nuevo modelo de administración y adjudicación de las terminales, manteniendo la eficiencia y el control estatal en infraestructura clave para la logística panameña.