Este lunes, las autoridades panameñas tomaron el control de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, tras finalizar el proceso legal que anuló su concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings. La medida se da en el marco del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional el contrato en enero, después de casi tres décadas de operación privada.

CK Hutchison rechazó la acción y afirmó: “CKHH considera (…) que la toma de control de las terminales es ilegal. Las acciones del Estado panameño también generan riesgos graves para las operaciones, así como para la salud y la seguridad en las terminales de Balboa y Cristóbal”.

El secretario de Comercio de Hong Kong, Algernon Yau Ying-wah, expresó su “fuerte insatisfacción y oposición a la toma forzosa” de los puertos, en un contexto marcado por el pulso geopolítico entre China y Estados Unidos. El presidente panameño, José Raúl Mulino, aclaró que “esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos”.

Transición operativa y contratos provisionales

El “decreto de ocupación” establece un período de transición de 18 meses, durante el cual los puertos serán administrados por operadores internacionales hasta ser adjudicados mediante licitación.

• APM Terminals, subsidiaria de la danesa Maersk, gestionará Balboa mediante un contrato por 26 millones de dólares.
• Investment Limited (TiL), perteneciente al grupo MSC, operará Cristóbal en un acuerdo cercano a 16 millones de dólares.

En un comunicado, APM informó que ya inició las primeras operaciones en Balboa con la instalación de un nuevo sistema operativo. Marliz Bermudez, jefa de APM Terminals Panamá, explicó que “es un proceso en el que tenemos que trabajar con rapidez y precisión para que el puerto pueda retomar su actividad de manera progresiva”.

Reacciones internacionales y contexto geopolítico

Hutchison había anticipado acciones legales si entraban en los puertos sin su permiso y prevé impugnar la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en París. China además amenazó a Panamá con hacerle pagar “un alto precio” por cancelar la concesión.

El embajador estadounidense, Kevin Cabrera, celebró la medida: “Es muy bueno para el pueblo de Panamá (…) eran operadores que no estaban haciendo un buen trabajo”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había cuestionado el supuesto control chino sobre la vía, que representa el paso del 5% del comercio marítimo mundial.

Mulino denunció que Hutchison había convertido los puertos en “territorio autónomo” al no proporcionar información sensible sobre sus operaciones.

Impacto laboral y operativo

La ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, garantizó que “no habrá despidos” en las dos terminales, donde trabajan unas 1.200 personas. Sin embargo, un operario de Balboa manifestó a la AFP: “Todo está parado, no sabemos qué va a ser de nuestro futuro”.

En 2025, casi 10 millones de contenedores pasaron por estos puertos, de los cuales el 38% fue operado por Hutchison. Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del canal y encargado de la transición, señaló que las terminales serán operadas transitoriamente con los equipos de Hutchison, “se reconoce que los equipos son de la empresa”.

Futuro legal y financiero

La Corte panameña anuló los contratos al considerar que la concesión, renovada en 2021 por 25 años, tenía “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa” que perjudicaba al Estado.

El fallo coincide con negociaciones de Hutchison para vender sus puertos, incluidos los de Panamá, a un consorcio liderado por BlackRock por 22.800 millones de dólares. Alberto Alemán Zubieta advirtió que el proceso de impugnación ante la ICC podría durar “muchísimos años”.