Contratos por horas y jornadas flexibles: la apuesta laboral del Gobierno que tensiona el debate en el Congreso

noviembre 16, 2026

Escrito por: Felipe

En medio de una tasa de desocupación que escaló al 9,8% y una economía en recesión técnica, el Ejecutivo busca introducir modalidades de contratación adaptable para dinamizar la creación de empleo formal, enfrentando reparos de sectores sindicales y parlamentarios que advierten riesgos de precarización.

En un escenario macroeconómico marcado por el freno en la generación de puestos de trabajo —donde la desocupación nacional superó el umbral del millón de personas—, el Gobierno ha puesto sobre la mesa legislativa una reforma orientada a modernizar el Código del Trabajo mediante la incorporación de contratos por horas y esquemas de jornadas flexibles.

La iniciativa apunta a reducir las rigideces de entrada al mercado laboral formal, facilitando que sectores intensivos en mano de obra estacional o de alta rotación —como el comercio, el turismo, la logística y la agroindustria— puedan absorber trabajadores bajo reglas claras y con cobertura previsional.

Desde el equipo económico y laboral del Ejecutivo argumentan que la actual estructura contractual resulta excesivamente rígida frente a las nuevas dinámicas productivas y a las necesidades de grupos con menor tasa de participación laboral, tales como jóvenes estudiantes, mujeres con responsabilidades de cuidado y adultos mayores. Bajo este diseño, el pacto de jornadas adaptables o remuneración por hora trabajada permitiría formalizar empleos que hoy operan en la informalidad, asegurando cotizaciones proporcionales de salud, pensiones y seguro de cesantía.

El choque político en el Parlamento: formalización versus precarización

La propuesta, sin embargo, ha abierto una profunda línea divisoria en el Congreso Nacional, enfrentando dos diagnósticos contrapuestos sobre cómo reactivar el mercado del trabajo sin vulnerar derechos adquiridos:

Respaldo técnico y empresarial: Parlamentarios oficialistas, economistas y gremios productivos sostienen que la adaptabilidad horaria es una herramienta indispensable para contener la destrucción de empleo formal y abaratar los costos de contratación en pymes golpeadas por el bajo crecimiento. Recalcan que la alternativa real a un contrato por horas regulado no es un empleo indefinido de jornada completa, sino el trabajo informal sin protección social.

Reparos de la oposición y centrales sindicales: Desde sectores de centroizquierda y organizaciones de trabajadores advierten que la medida corre el riesgo de precarizar los ingresos mensuales de los hogares, debilitar la estabilidad contractual y reemplazar empleos permanentes por esquemas intermitentes sin garantía de ingreso mínimo suficiente para cubrir el costo de la vida.

Al sintetizar los ejes de la controversia que marcará la tramitación legislativa en las comisiones de Trabajo del Parlamento, analistas laborales subrayan la tensión entre eficiencia económica y resguardo social.

«El debate de fondo radica en diseñar candados regulatorios efectivos para que los contratos por horas y las jornadas flexibles operen como una puerta de entrada a la formalidad para quienes buscan compatibilizar estudios o cuidados, evitando que se transformen en un mecanismo de sustitución de empleos estables o de transferencia de riesgos operativos hacia el trabajador», señalan especialistas en políticas públicas y mercado laboral.

Claves de la tramitación legislativa hacia 2027

El avance del proyecto en el Congreso estará condicionado por la capacidad del Ejecutivo de incorporar resguardos específicos durante la discusión en particular, tales como pisos mínimos de horas garantizadas, recargos por disponibilidad, límites a la polifuncionalidad y fiscalización reforzada de la Dirección del Trabajo.

En una coyuntura donde las proyecciones sitúan la recuperación del Producto Interno Bruto recién hacia 2027, el desenlace de esta reforma laboral definirá el margen de maniobra institucional con el que contará el tejido productivo chileno para acelerar la recontratación de mano de obra una vez que la actividad económica retome su senda de expansión.

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