La cadena de suministro de paneles solares y semiconductores en Estados Unidos «es demasiado limitada» y necesita ser trasladada al territorio nacional, declaró el jueves desde la Casa Blanca el secretario de Comercio, Howard Lutnick, al justificar que están «fijando precios para que los chinos ya no puedan hacer dumping, y aranceles para decir ‘háganlo aquí'».

Un decreto clave para frenar el dominio de China

Para cumplir con el objetivo de «crear condiciones equitativas para los productores estadounidenses de estos bienes estratégicos» y «fomentar el retorno a Estados Unidos de estas industrias», el presidente Donald Trump firmó el mismo jueves un decreto que fija precios mínimos de importación y nuevos aranceles a bienes elaborados con polisilicio, un material clave para los paneles solares y los semiconductores, y cuya producción domina China.

Esta medida establece un arancel del 15% a partir del 4 de diciembre para dichos productos, además de fijar precios mínimos de importación para el polisilicio y bienes como las células solares que entrarán en vigor en la misma fecha. La Casa Blanca recordó que el polisilicio es un componente importante en la industria de los semiconductores con usos relacionados con la defensa.

Radiografía de una industria desplazada

La Casa Blanca detalló que la cuota de Estados Unidos en la capacidad de producción mundial de polisilicio cayó del 50% en 2005 a menos del 2% en 2024, mientras que China representó en 2024 más del 90% de la producción de silicio policristalino en el mundo, según la consultora especializada Thunder Said Energy.

El decreto surge de una investigación iniciada hace un año por el gobierno estadounidense al amparo de una ley de 1962 que le permite proteger un sector económico ante riesgos para la seguridad nacional, legislación que Trump también ha empleado para imponer aranceles al acero, el aluminio, el cobre y la madera para construcción.

La ofensiva arancelaria tras el revés judicial

Este anuncio constituye la última ofensiva arancelaria de Trump, quien ha impuesto gravámenes generalizados a los socios comerciales de Estados Unidos desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado.

Si bien una amplia gama de estas tarifas fue anulada por la Corte Suprema en febrero, sus aranceles sectoriales justificados por investigaciones bajo la ley de 1962 siguen vigentes. Estos se suman a los nuevos derechos aduaneros impuestos el mes pasado a 60 socios comerciales mediante distintas justificaciones jurídicas con las cuales el mandatario reconstruyó su muro arancelario tras el revés en el alto tribunal.