El sector minero nacional recibió un alivio regulatorio decisivo tras la publicación formal en el Diario Oficial de la nueva Ley N° 21.853 sobre amparo minero.

La legislación, impulsada por el Ministerio de Minería y aprobada por el Congreso Nacional, entró en vigor de forma inmediata este jueves, estableciendo una batería de medidas transitorias y permanentes diseñadas para evitar la pérdida masiva de pertenencias mineras por insolvencia y garantizar la continuidad operacional de cientos de faenas extractivas a lo largo del país.

La disposición central del cuerpo legal determina la postergación hasta el 28 de febrero de 2027 del pago anual de las patentes mineras correspondientes al período 2026. Como consecuencia directa de esta prórroga legal, quedan suspendidos en el acto todos los procedimientos de remate judicial de concesiones de exploración y de explotación que se encontraban en curso en los distintos tribunales de justicia del territorio nacional por deudas asociadas a este concepto.

Condonación de recargos, convenios de pago y rebajas tarifarias

El marco normativo promulgado encomienda a la Tesorería General de la República (TGR) la aplicación automática de la condonación de la totalidad de los recargos, multas e intereses penales derivados de la mora o retraso en el pago de las patentes mineras correspondientes al ejercicio 2026. Asimismo, la ley faculta a los concesionarios a suscribir convenios especiales con el organismo recaudador para liquidar sus obligaciones pendientes en cuotas mensuales y sucesivas, otorgando un plazo de financiamiento de hasta 12 meses.

En el plano estructural, la Ley N° 21.853 moderniza los criterios de amparo y amplía sustancialmente las causales para acceder a la patente rebajada de 0,1 UTM por hectárea en pertenencias mineras. Entre los ajustes introducidos destacan la eliminación de trabas burocráticas relativas a estructuras societarias y parentesco, la incorporación de causales por labores de exploración que simplifican las acreditaciones anuales, y la extensión del beneficio no solo a los titulares registrales, sino también a arrendatarios y operadores que exploten legítimamente el yacimiento. De igual manera, se garantiza la tarifa rebajada para aquellas faenas que cuenten con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente o se encuentren formalmente tramitando su evaluación en el SEIA.

Al detallar el alcance de la ley y las condiciones de su implementación, autoridades de la cartera de Minería recalcaron el carácter de la medida.

«Esta ley entrega nuevas oportunidades a cientos de pequeños y medianos mineros que enfrentaban la amenaza inminente de perder sus concesiones. La postergación de pagos y la suspensión de los remates representan una medida excepcional y transitoria que busca dar oxígeno al sector, acompañada de cambios permanentes que premian la actividad minera real y desincentivan el acaparamiento especulativo de propiedad minera sin faena», explicó Álvaro González, subsecretario de Minería.

Certeza jurídica para la actividad extractiva en regiones

La promulgación de la ley fue ampliamente valorada por asociaciones mineras regionales, sindicatos de pirquineros y cámaras de comercio de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, zonas donde la judicialización por patentes adeudadas amenazaba con paralizar encadenamientos productivos comunitarios.

Con las subastas suspendidas y los nuevos mecanismos de regularización tributaria operativos ante la Tesorería, la industria minera de menor escala obtiene un margen de maniobra financiero para ordenar sus balances y proyectar sus faenas bajo un marco de mayor estabilidad legal.