El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos declaró “inválidos” los aranceles del 10% impuestos por el presidente Donald Trump en febrero, en una decisión judicial que reabre el debate sobre la base legal de la medida adoptada tras la anulación previa de gravámenes recíprocos masivos por parte del Tribunal Supremo.

El fallo fue adoptado por una mayoría de 2 a 1 dentro del panel de jueces, lo que constituye un nuevo revés para la Casa Blanca en materia comercial. Sin embargo, la resolución no ordena una eliminación general de los aranceles ni contempla reembolsos amplios, ya que su alcance se limita directamente a los demandantes del caso: el estado de Washington y las empresas Burlap & Barrel y Basic Fun! Aun así, el tribunal dejó abierta la posibilidad de que otros importadores soliciten medidas cautelares más amplias.

Cuestionamiento a la base legal de la medida

En su sentencia, el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU determinó que la aplicación de los aranceles bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 es “inválida”, estableciendo que los gravámenes “carecen de autorización legal”.

Dicha normativa permite al presidente adoptar medidas frente a problemas de pagos internacionales mediante recargos u otras restricciones a las importaciones. No obstante, el tribunal concluyó que la decisión presidencial no se sustenta en los déficits de balanza de pagos, como exige la ley, sino en déficits de cuenta corriente y en la existencia de un “déficit comercial considerable y grave”.

El fallo precisa que, aunque la cuenta corriente puede relacionarse con la balanza de pagos, se trata de conceptos distintos, y la propia legislación reconoce esa diferencia. Además, el tribunal advierte que la propia declaración del Gobierno reconoce que la medida no se basa en los indicadores utilizados para evaluar los déficits de balanza de pagos considerados al momento de la promulgación de la norma en 1974.

Voto disidente y vías de apelación

Uno de los tres jueces del panel emitió un voto particular en el que calificó como “prematuro” decidir si el tribunal debía invalidar la medida.

La decisión puede ser apelada por el Gobierno de Estados Unidos ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, instancia que eventualmente podría derivar el caso hacia la Corte Suprema.