Tras las modificaciones normativas orientadas a flexibilizar y abrir el cabotaje marítimo en el país, diversos actores de la industria han planteado la urgencia de constituir instancias de monitoreo continuo. 

El objetivo central de esta propuesta es evaluar de manera objetiva los efectos reales que tendrá el ingreso o participación de naves extranjeras en las rutas costeras chilenas, analizando si efectivamente se traducirá en un aumento de la competitividad y en menores costos logísticos para el comercio local.

Representantes del sector enfatizan que cualquier cambio estructural en el transporte de carga entre puertos nacionales debe ser medido con indicadores claros que permitan corregir posibles distorsiones en el mercado o impactos no deseados en la cadena de suministro.

El resguardo de la marina mercante y el empleo local

Uno de los pilares de la discusión gira en torno a la preservación del capital humano especializado de Chile. La Liga Marítima de Chile y otros organismos afines han insistido en que la apertura del mercado costero debe ir de la mano con un fortalecimiento de las dotaciones de marinos mercantes nacionales, garantizando que el personal del país mantenga fuentes laborales estables y condiciones de trabajo equitativas frente a la competencia internacional.

Especialistas destacan que la marina mercante cumple un rol estratégico en un país con la geografía de Chile, no sólo en términos económicos, sino también en el mantenimiento del conocimiento técnico y la soberanía en la conectividad de zonas aisladas.

Seguridad operacional y soberanía logística

Además del ámbito laboral, la industria subraya que la apertura del cabotaje debe fiscalizarse bajo estrictos estándares técnicos para asegurar la seguridad en la navegación y la protección del medio ambiente acuático. 

Mantener las exigencias normativas a todas las embarcaciones que operen en aguas territoriales se considera un factor crítico para prevenir accidentes y evitar desventajas competitivas por asimetrías regulatorias.

El debate actual busca equilibrar la modernización del transporte marítimo y la búsqueda de eficiencia logística con la protección de una industria estratégica nacional, promoviendo políticas públicas que garanticen una transición segura y beneficiosa para el desarrollo marítimo de Chile.