La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) encabezó este lunes un encuentro con organizaciones de la sociedad civil para presentar los avances en el diseño de un mecanismo de revisión de inversiones extranjeras en activos estratégicos (investment screening). 

Durante la jornada, que convocó a representantes del sector académico, gremial, jurídico, diplomático y público, la autoridad expuso los criterios en evaluación para revisar inversiones extranjeras en activos estratégicos y recogió sugerencias de los asistentes para fortalecer el diseño del mecanismo. 

El investment screening es hoy el instrumento más utilizado a nivel global para evaluar riesgos de seguridad nacional asociados a la inversión extranjera. Reflejo de esto es que, mientras en 1990 menos del 20% de los países de la OCDE contaba con un mecanismo formal de revisión, en la actualidad esa cifra alcanza el 80%.

El investment screening es un mecanismo de control público mediante el cual los Estados supervisan la entrada de capital extranjero en sectores estratégicos como telecomunicaciones, energía, minería, defensa o infraestructura crítica. Su objetivo principal es evaluar de forma preventiva si la adquisición o participación de una empresa internacional en estos rubros representa un riesgo para la seguridad nacional o la estabilidad del país.

Durante este proceso, la autoridad competente analiza el origen de los fondos y el impacto de la operación, quedando facultada para tomar tres decisiones: autorizar el ingreso del capital, imponer condiciones específicas para mitigar posibles vulnerabilidades, o rechazar definitivamente la transacción cuando amenace la soberanía, el abastecimiento básico o los datos sensibles de la nación.

Durante la presentación, la SUBREI expuso el avance del trabajo realizado entre marzo y agosto de 2026 junto a mesas interministeriales, parlamentarios y referentes internacionales, destacando los pilares centrales de un mecanismo concebido como acotado, proporcional, transparente y predecible. La propuesta se fundamenta en la neutralidad de origen para evitar discriminar según el país de procedencia del capital, limitando su aplicación de forma exclusiva a los sectores estratégicos que defina la ley.

Para brindar certeza jurídica y eficiencia, el diseño establece plazos máximos definidos y rige únicamente para nuevas inversiones. Asimismo, contempla una clara separación institucional entre la instancia técnica encargada de evaluar los antecedentes y la instancia política facultada para tomar la decisión final.