En respuesta a las restricciones de la administración de Donald Trump contra decenas de compañías chinas por su presunta vinculación con trabajo forzoso en la región noroccidental de Xinjiang, el Ministerio chino de Comercio anunció este miércoles sanciones contra seis entidades estadounidenses, entre las que figuran organizaciones de derechos humanos y empresas dedicadas a la verificación de cadenas de suministro.

La orden, que entró en vigor este mismo miércoles, prohíbe a las organizaciones y particulares dentro de China mantener transacciones, cooperación u otras actividades con las compañías afectadas.

Entidades sancionadas y su impacto en las auditorías globales

El listado de penalizados incluye a Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verité y la organización Human Rights in China. Varias de estas entidades desarrollan actividades críticas vinculadas con la trazabilidad de productos, el análisis de cadenas de suministro, las auditorías laborales y los derechos humanos, los cuales constituyen los ámbitos que emplean tanto las autoridades como las compañías para detectar posibles vínculos comerciales con Xinjiang.

El ministerio comercial acusó a las seis entidades de haber respaldado o colaborado con las sanciones estadounidenses relacionadas con dicha región, sosteniendo que tales medidas vulneran la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país asiático, al tiempo que calzó las respuestas adoptadas como “en términos generales, contenidas”, instó a Washington a retirar las restricciones y advirtió que tomará nuevas contramedidas si Estados Unidos impone limitaciones adicionales.

La ofensiva de Washington y la respuesta de Pekín

Esta fricción se desató después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos incorporase el pasado viernes a 43 empresas chinas a la lista de entidades sujetas a restricciones de importación bajo la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur.

Dicha ampliación elevó el registro estadounidense a un total de 187 compañías, bloqueando la entrada de productos fabricados por las firmas afectadas al presumir que están vinculados con trabajo forzoso en Xinjiang, una acusación que Pekín rechaza categóricamente.

Mientras Washington asegura que las autoridades chinas han sometido a uigures y otros grupos minoritarios a programas coercitivos de trabajo y traslado de población, China defiende que sus políticas en la zona están orientadas a combatir el extremismo, fomentar el empleo y favorecer el desarrollo económico.

Coerción económica y el frágil acercamiento diplomático

Tras el anuncio de Washington, el Ministerio chino de Comercio acusó al gobierno estadounidense de ejercer “coerción económica” y de “apartarse gravemente” del consenso alcanzado entre ambos países para estabilizar sus relaciones económicas y comerciales, advirtiendo que adoptaría las medidas necesarias para proteger a sus empresas.

Estas nuevas tensiones se materializan pese al acercamiento escenificado en la cumbre que los presidentes Xi Jinping y Donald Trump mantuvieron en mayo en Pekín, tras la cual ambas potencias acordaron ampliar la cooperación y contener sus disputas comerciales. Desde entonces, si bien los dos países han mantenido contactos en materia económica y comercial, también han continuado intercambiando restricciones relacionadas con tecnología, cadenas de suministro, defensa, derechos humanos y seguridad nacional.