La infraestructura portuaria de la zona central sumó un hito operacional relevante tras la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Valparaíso. La instancia colegiada aprobó de forma favorable el proyecto «Transferencia de carga Fraccionada Puerto Panul», presentado por el concesionario Puerto Panul S.A., principal operador especializado en la movilización de graneles limpios y granos de consumo humano y animal en el Puerto de San Antonio.

La iniciativa apunta a modernizar el terminal granelero e incrementar su capacidad proyectada de transferencia anual desde los actuales 3,2 millones hasta un tope de 5 millones de toneladas. En el plano técnico, el plan de obras contempla la incorporación de diez nuevos silos verticales para almacenamiento temporal de granos, una nueva báscula de pesaje y una línea de carga mixta diseñada para abastecer de manera simultánea tanto a trenes de carga como a camiones.

A nivel de muelle, el esquema operativo considera el trabajo sincronizado de sus grúas FAM y Ardelt —con rendimientos nominales de 700 y 400 toneladas por hora, respectivamente—, lo que permitirá alcanzar una tasa conjunta de descarga de hasta 1.100 toneladas por hora. Esta configuración busca descongestionar la logística terrestre al incentivar una mayor participación del transporte ferroviario hacia los centros de consumo de la macrozona central, reduciendo proporcionalmente la circulación de camiones en las vías urbanas de San Antonio.

Condiciones ambientales: monitoreo continuo y protocolos de seguridad

Pese al visto bueno institucional, la Coeva condicionó la validez de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) al cumplimiento de exigencias adicionales que no figuraban en el diseño preliminar del concesionario. En respuesta a las observaciones de los servicios públicos evaluadores y de las comunidades vecinas, la autoridad regional impuso de forma unánime la instalación obligatoria de una estación fija de monitoreo ambiental en el perímetro de las faenas para fiscalizar las emisiones fugitivas y la calidad del aire.

Asimismo, a solicitud de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud, el titular deberá implementar un plan riguroso de prevención y contingencia contra eventuales explosiones de polvo de granos. La exigencia obedece a la estrecha proximidad geográfica entre las instalaciones proyectadas y zonas residenciales consolidadas, debiendo certificar protocolos técnicos específicos para cada fase constructiva y operativa del terminal.

Al evaluar los fundamentos de la resolución y las garantías impuestas al titular, el delegado presidencial regional de Valparaíso detalló los acuerdos alcanzados en el comité evaluador.

«Después de una exposición larga y extensa, y de un diálogo entre los diferentes miembros de esta instancia colegiada, se optó por aprobar el proyecto de expansión de la RCA del Puerto Panul. Incorporamos exigencias unánimes sobre monitoreo ambiental y medidas preventivas ante riesgos específicos observados por Salud, velando por la convivencia armónica entre la actividad portuaria y la comunidad vecina», señaló Manuel Millones, delegado presidencial regional de Valparaíso.

El límite de 2029: concesión marítima y uso de suelo

Un aspecto central del pronunciamiento ambiental radica en los plazos legales de vigencia del proyecto frente a los instrumentos de planificación territorial. La actual calificación de uso de suelo portuario en el sector rige únicamente hasta el 31 de diciembre de 2029. A contar del 1 de enero de 2030, el marco urbanístico limitará las actividades a la mantención de obras existentes, prohibiendo nuevas edificaciones con el objetivo de armonizar los proyectos de recuperación del borde costero urbano.

Este calendario se encuentra directamente vinculado con el término del contrato de concesión que mantiene Puerto Panul con la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), cuyo vencimiento está fijado para fines de 2029. Desde las autoridades se recalcó que la obtención de esta RCA responde exclusivamente a materias técnicas y ambientales, por lo que no constituye una prórroga contractual automática de la concesión ni condiciona las bases que regirán ante un futuro proceso de licitación pública del frente granelero.