Las redes de transporte y comercio internacional enfrentan un nuevo factor de fricción regulatoria. En los próximos días se anunciarán nuevos gravámenes dirigidos a unos 60 países —incluyendo a Chile—, según anticipó este martes el representante para el Comercio de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, en una entrevista concedida a la cadena CNBC. La medida responde a las investigaciones impulsadas por su Departamento sobre prácticas comerciales asociadas al trabajo forzoso, cuyas conclusiones se prevé dar a conocer esta semana.

Cuestionamientos normativos y su impacto en las rutas comerciales de Chile

Para la gestión de flujos comerciales y cadenas de suministro, el núcleo del asunto se concentra en los resultados preliminares publicados a inicios de junio. El USTR cuestionó a Chile, junto a otras 54 economías, por presuntamente no haber “logrado imponer ni hacer cumplir de forma eficaz una prohibición de la importación de bienes producidos con trabajo forzoso”, sumado a la acusación de que todos los países bajo investigación fallaron en la prohibición de importar mano de obra forzosa.

Bajo este diagnóstico, el organismo recomendó la aplicación de un arancel del 12,5% para Chile y otras 45 economías, diferenciándolo del gravamen del 10% asignado a otros 14 socios comerciales que implementan prohibiciones, se han comprometido a cumplirlas mediante un acuerdo de comercio o poseen un régimen parcial. Ante este escenario, durante las últimas semanas tanto el Gobierno chileno como diversos gremios del sector privado viajaron a Washington para recalcar el papel de Chile como socio comercial bajo acuerdo de libre comercio con EE. UU., resguardando los intereses comerciales del país.

Reestructuración de la política arancelaria y plazos en EE. UU.

Estos nuevos gravámenes proyectados buscan reemplazar a los impuestos aduaneros temporales del 10% que implementó el presidente Donald Trump, tras la invalidación por parte de la Corte Suprema de los recargos establecidos el año pasado. Al respecto, el mandatario estadounidense impuso dicho impuesto general después de que el Tribunal Supremo determinara que había excedido sus poderes en virtud de una ley de emergencia, recordando que el Congreso tiene la competencia exclusiva en la política arancelaria, salvo contadas excepciones.

Las declaraciones de Greer coinciden, además, con un escenario de plazos críticos, ya que se producen a días de que caduquen los aranceles implementados el 24 de febrero por Trump en caso de que el Congreso no apruebe su prórroga. El representante comercial no especificó en qué momento entrarían en vigor estos nuevos aranceles, argumentando su “responsabilidad” de informar al Congreso y a las partes implicadas tras una serie de artículos del Financial Times sobre el inminente anuncio de nuevos gravámenes esta semana.

Justificaciones legales y restricciones logísticas adicionales

En el plano normativo, Greer defendió la iniciativa bajo el marco jurídico estadounidense: “Estados Unidos tiene leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Otros países, la mayoría, no tienen una ley, y los que sí la tienen realmente no la aplican”. De demostrarse, el Gobierno de Trump impondría este gravamen en virtud de sus leyes contra “las mercancías producidas mediante trabajo forzoso”.

En paralelo, la agenda comercial de Estados Unidos ha sumado otras medidas que impactan directamente los flujos transfronterizos. Este lunes, Trump anunció un arancel adicional del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá —exceptuando la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado—. Según explicó, estos impuestos se justifican por el humo que ha afectado la Costa Este de EE. UU. derivado de los incendios forestales en las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Ontario.