El Congreso Nacional concluyó la tramitación legislativa y despachó a ley el primer proyecto del sector minero impulsado por la administración del Presidente José Antonio Kast.

La iniciativa legal introduce cambios sustanciales al Código de Minería y deroga los incrementos escalonados del pago de patentes que habían sido establecidos en la Ley 21.420, norma promulgada originalmente para financiar la Pensión Garantizada Universal pero que generó fuertes cuestionamientos en la industria extractiva por su impacto económico sobre los pequeños y medianos titulares.

La aprobación final en la Cámara de Diputadas y Diputados consolida un consenso parlamentario transversal en torno a la necesidad de otorgar mayor estabilidad y certeza al régimen de concesiones, evitando que el encarecimiento desmedido del gravamen forzara el abandono masivo de pertenencias por parte de pirquineros y empresas de exploración júnior en las regiones del norte y centro del país.

Fin al castigo de la patente progresiva y foco en el fomento productivo

El punto neurálgico del proyecto despachado radica en la eliminación del esquema de patente minera progresiva, el cual quintuplicaba y hasta decuplicaba el valor anual del pago para aquellos concesionarios que no pudieran acreditar trabajos continuos o el ingreso de proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Diversos gremios del rubro habían advertido que dicha exigencia resultaba desmedida e incompatible con los ciclos reales de la prospección geológica, donde el levantamiento de información y la obtención de financiamiento suelen tomar varios años de labores intermitentes.

Con la nueva legislación, se restablece un valor de amparo anual equilibrado y predecible, al tiempo que se perfeccionan los mecanismos administrativos ante el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para evitar el acaparamiento especulativo de terrenos sin penalizar a quienes realizan exploración genuina en terreno.

Al destacar el respaldo obtenido en el hemiciclo y la importancia de la medida para las economías regionales, autoridades de la cartera de Minería valoraron el impacto del nuevo marco legal.

«El despacho a ley de este proyecto cumple un compromiso prioritario de nuestro gobierno con las regiones mineras y con miles de pequeños y medianos productores que veían en la patente progresiva una amenaza directa a su continuidad operacional. Al corregir las distorsiones de la Ley 21.420, devolvemos la certeza jurídica, reactivamos el incentivo a la exploración de riesgo y fortalecemos la base sobre la cual se sustenta la producción del cobre y los minerales críticos del país», señaló Daniel Mas, biministro de Economía y Minería.

Respaldo de los gremios y reactivación del ecosistema júnior

La aprobación de la ley fue recibida con satisfacción por las asociaciones gremiales que integran a la pequeña y mediana minería, agrupaciones que alertaban sobre la inviabilidad financiera de conservar pertenencias históricas bajo el esquema previo. Del mismo modo, representantes del ecosistema de financiamiento de riesgo sostienen que una tasa de amparo razonable permitirá reabrir carteras de proyectos tempranos e incentivar la llegada de capitales internacionales para perforaciones geológicas.

Por su parte, directivos del sector privado y de la pequeña minería destacaron el respiro operacional que otorga la promulgación de la iniciativa.

«La eliminación de la patente progresiva es un acto de justicia económica con quienes arriesgan su patrimonio en la prospección de minerales. La pequeña minería no es acaparadora por naturaleza sino exploradora de oficio, y este cambio legislativo le devuelve el aire financiero que requería para seguir operando, generando empleo en comunidades apartadas y aportando mineral a las plantas de procesamiento de Enami», afirmó Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Tras superar su último trámite constitucional, el texto legal quedó en condiciones de ser remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial, marcando el inicio de una nueva etapa regulatoria para el sector extractivo nacional.