La Región de Valparaíso experimentó una marcada presión financiera durante la última década, consolidándose como una de las zonas con mayor fragilidad crediticia de Chile. 

Entre los años 2015 y 2025, el territorio acumuló un total de 4.771 procedimientos de quiebra formalmente tramitados en tribunales, cifra que ubica a la región en el tercer lugar nacional en volumen de procesos totales y en el segundo puesto en liquidaciones forzosas o voluntarias de empresas.

Los antecedentes fueron sistematizados a partir de la plataforma Data Wall Legal, desarrollada en conjunto por GrupoDefensa y la empresa de ciencia de datos Unholster. El catastro indica que la deuda acumulada sujeta a liquidación judicial en la zona alcanzó los 173 mil millones de pesos, distribuyéndose en 4.388 causas de personas naturales, equivalentes al 92% del universo analizado, y 383 procedimientos correspondientes a personas jurídicas, que representan el 8% restante. A nivel territorial, el Gran Valparaíso explica la mayor concentración de la crisis patrimonial, ya que las comunas de Viña del Mar con un 21,3% y Valparaíso con un 17,2% agrupan de forma combinada el 38,5% de los expedientes regionales.

Perfil de los deudores y detonantes económicos del sobreendeudamiento

El análisis de las personas naturales sometidas a liquidación en la Región de Valparaíso desmonta la premisa del gasto suntuario desmedido, vinculando el fenómeno a la precariedad laboral e imprevistos severos en etapas de pleno rendimiento laboral. El 60,8% de los deudores corresponde a hombres, mientras que el 54,6% se encuentra en el rango de los 35 a los 49 años. Asimismo, un 61,6% de los solicitantes es soltero y un 93,2% no posee bienes inmuebles y arrienda su vivienda, lo que evidencia una baja capacidad patrimonial de resguardo ante contingencias de liquidez.

En cuanto a los motivos declarados ante la justicia para acogerse a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, la pérdida de empleo o la caída sostenida en los ingresos familiares lidera los registros con el 27,6% de las menciones, seguida de cerca por contingencias de salud y gastos médicos imprevistos con el 20,6%, y la contratación de nuevos créditos para saldar pasivos anteriores con el 14,6%. La banca tradicional figura como el principal acreedor institucional concentrando el 64,9% de los compromisos impagos, mientras que las casas comerciales del retail abarcan el 20,6% y las cajas de compensación el 7,2%.

Al abordar la relevancia de disponer de datos judiciales abiertos para comprender la realidad de los deudores, especialistas legales destacaron la utilidad de estas herramientas.

«Con Data Wall Legal queremos poner a disposición de la ciudadanía, la academia y el mundo público una información que hasta ahora estaba dispersa en miles de expedientes judiciales. Nuestro objetivo es que estos datos permitan entender mejor el fenómeno de la insolvencia en Chile y aporten evidencia concreta para la investigación académica y el diseño de políticas públicas», señaló Ricardo Ibáñez, abogado y socio fundador de DefensaDeudores.

En la misma línea, analistas de datos enfatizaron la naturaleza involuntaria de los shocks financieros que golpean a las familias chilenas.

«Lo que muestran los datos no es un problema de consumo irresponsable, sino de personas en plena edad laboral que enfrentan un shock imprevisto, como la pérdida del empleo o un problema de salud complejo, situaciones que terminan desbordando la capacidad de pago y arrastrando a las familias al sobreendeudamiento», explicó Cristóbal Huneeus, director de ciencia de datos de Unholster.

Fragilidad en el tejido productivo regional y fuerte impacto en el comercio

En el segmento corporativo, las 383 causas tramitadas en la región reflejan el impacto del estancamiento económico sobre las unidades productivas de menor tamaño. El 71,8% de las empresas que recurrieron a la liquidación corresponde a microempresas, tratándose en su mayoría de firmas con trayectoria comprobada en el mercado, dado que el 84% superaba los seis años de antigüedad operacional antes de caer en cesación de pagos.

Por sectores económicos, el comercio minorista y mayorista encabeza las quiebras con el 23,2% de los casos, seguido por la actividad de la construcción con un 17,2% y la industria manufacturera con el 13,1%. Dentro de esta categoría, Viña del Mar concentró el 33,9% de los procesos corporativos y Valparaíso el 19,6%, figurando Concón en el tercer puesto regional con el 7,3%. Respecto a las deudas corporativas, los bancos abarcaron el 44,4% de las obligaciones insolutas y la Tesorería General de la República el 28,1% por concepto de impuestos y retenciones pendientes.

El informe concluye advirtiendo que el año 2025 concentró el 18,6% de todas las causas de la década para personas y el 23,8% en el caso de las empresas, marcando un récord de solicitudes que abre el debate técnico sobre la urgencia de fortalecer la educación financiera y perfeccionar los mecanismos de renegociación temprana en la macrozona central.