El clima de tensión en las rutas del país desató la preocupación inmediata de los principales gremios del sector productivo. La Multigremial Nacional y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) emitieron una advertencia formal respecto de los graves riesgos económicos que suponen las movilizaciones y bloqueos puntuales protagonizados por grupos independientes de camioneros en distintas regiones, detonados por la seguidilla de incrementos en el precio del petróleo diésel.

Aunque la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) aclaró que no ha convocado a una paralización de carácter nacional, las protestas espontáneas en rutas troncales y accesos portuarios coinciden con el período más sensible para el agro: el inicio de la temporada de cosechas de frutas de exportación, embalaje y despacho hacia los terminales marítimos. Una eventual interrupción en la circulación vial amenaza con quebrar la continuidad operativa requerida por la carga perecible, acarreando mermas directas de calidad, sobrecostos de frío e incumplimientos contractuales con compradores internacionales.

Al analizar las consecuencias de estas detenciones sobre el tejido económico regional, la organización que reúne a las pequeñas y medianas empresas detalló el efecto sobre el campo.

«Una eventual interrupción del transporte de carga afectaría especialmente al sector agrícola, en una época clave de cosechas, despachos y preparación de la temporada exportadora. El traslado de productos perecibles requiere continuidad logística, por lo que cualquier paralización podría provocar pérdidas, incumplimientos comerciales y mayores costos para los productores», alertó la Multigremial Nacional a través de un pronunciamiento oficial.

Respaldo a demandas estructurales de los transportistas

Pese a advertir sobre el perjuicio que causan los bloqueos de rutas, el gremio liderado por Juan Pablo Swett respaldó las propuestas legislativas que impulsa la CNTC para dar sustentabilidad a los pequeños y medianos transportistas. Entre las iniciativas apoyadas destaca un proyecto de ley de pesaje que radique de manera inequívoca en el dueño o mandante de la carga la responsabilidad legal por el peso transportado, evitando que los choferes asuman multas por sobrepeso.

Asimismo, respaldaron la creación de una ley marco del transporte que establezca la obligatoriedad de indexar las tarifas de flete a las variaciones reales de los costos operacionales —especialmente el combustible—, además de exigir una compensación económica a cargo de las empresas contratantes cuando los tiempos de espera para carga o descarga en depósitos y puertos superen las dos horas. Desde la Multigremial remarcaron que estas medidas son urgentes para evitar la quiebra de transportistas de menor tamaño, quienes carecen de poder de negociación frente a grandes consorcios para traspasar las alzas del diésel.

Medidas gubernamentales y discusión sobre estabilización tarifaria

La presión de las bases camioneras y de los sectores productivos forzó un pronunciamiento del Ejecutivo. Tras la sesión del Comité Político Ampliado, las autoridades confirmaron una contención parcial para la sexta alza consecutiva mediante el Mepco, fijando el incremento semanal en $40 por litro para las gasolinas y el diésel, amortiguando los incrementos que venían proyectándose en torno a los $90. De forma paralela, el Gobierno anunció el ingreso de un proyecto de ley con discusión inmediata para establecer un tope de $20 a las variaciones durante los próximos 90 días.

Para los gremios del agro y las pymes, la estabilización de los combustibles y el despeje ininterrumpido de las carreteras son condiciones indispensables para resguardar la competitividad nacional, instando a las autoridades a acelerar las mesas de diálogo y evitar que la logística del comercio exterior vuelva a quedar rehén de disputas tarifarias en plena temporada de exportación.