El futuro Gobierno se encontraría evaluando una reconfiguración profunda de la estructura del sistema portuario estatal, con el objetivo de ordenar la institucionalidad, elevar la eficiencia operativa y fortalecer la conducción estratégica de la política portuaria nacional. La discusión se da en un contexto en que los puertos son considerados un eje crítico para la competitividad logística y el comercio exterior del país.

Actualmente, el sistema portuario estatal está compuesto por diez empresas: Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano–San Vicente, Puerto Montt, Chacabuco y Portuaria Austral. Todas cuentan con directorios y equipos ejecutivos propios. Sin embargo, fuentes conocedoras del trabajo que desarrolla el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast, señalaron que una de las alternativas en evaluación es reducir ese número de entidades, e incluso aglutinarlas en una sola organización con un directorio central.

Esta alternativa permitiría definir lineamientos comunes desde un órgano central, en lugar de mantener diez corporaciones operando bajo criterios distintos. Otra fórmula que se ha considerado es reorganizar las empresas territorialmente en tres grandes zonas —norte, centro y sur— con tres directorios en reemplazo de los diez actuales. La lógica detrás de estas opciones apunta a simplificar la estructura institucional, disminuir costos administrativos, evitar duplicidades y generar una mayor coherencia estratégica en la planificación y desarrollo del sistema portuario.

Reordenamiento institucional y foco en infraestructura portuaria

En paralelo a la discusión sobre gobernanza, se está explorando la posibilidad de trasladar el dominio de los puertos al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y agruparlos bajo la Dirección de Obras Portuarias, unidad que ya existe dentro de esa cartera. Según fuentes cercanas al proceso, esta opción permitiría potenciar el diseño y la ejecución de infraestructura vinculada al sistema marítimo-portuario, además de responder de manera más eficiente a las necesidades de capacidad del sistema.

De no concretarse este traspaso, la idea del nuevo Gobierno sería avanzar hacia una entidad más robusta, ya sea mediante una subsecretaría dentro de esa cartera o a través de un organismo externo con dedicación exclusiva, del cual dependan directamente las empresas portuarias. Se trata de una discusión que el sector marítimo ha planteado en reiteradas ocasiones y que adquiere especial relevancia considerando que durante el próximo quinquenio deben iniciarse procesos de relicitación de varios terminales estratégicos.

Desde el entorno del Presidente electo se reconoce que existen cuellos de botella que han retrasado inversiones relevantes, lo que dificulta ejecutar obras y responder a las crecientes exigencias del comercio exterior. Esta situación impacta directamente en la capacidad del sistema portuario para acompañar el crecimiento de la economía y mantener estándares competitivos a nivel regional.

Permisología, judicialización y desafíos de competitividad logística

Otra discusión instalada apunta a fortalecer la figura encargada de conducir la política portuaria del país, ya sea mediante la creación de una nueva entidad o a través de mayores atribuciones para los organismos existentes. El objetivo transversal es dar mayor orden, visibilidad, fuerza regulatoria y capacidad de planificación estratégica, además de contar con una autoridad específica que piense y ejecute la política portuaria, en línea con los desafíos logísticos del comercio exterior.

Uno de los flancos que genera mayor preocupación es la permisología y la certeza jurídica. Según fuentes del sector, las ampliaciones portuarias de Valparaíso y San Antonio han permanecido detenidas durante años debido a contingencias judiciales, administrativas o ambientales, situación que contrasta con el avance de proyectos en la región, como el Puerto de Chancay, en Perú. Esta brecha ha puesto presión sobre la capacidad competitiva del sistema logístico chileno.

En este contexto, el sector privado ha reiterado propuestas para destrabar inversiones estratégicas. La Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), junto a la Sofofa, presentó recientemente un documento con 99 medidas destinadas a fortalecer la competitividad del sistema marítimo-portuario. Entre ellas, se plantea analizar mecanismos para acotar el uso reiterado de acciones judiciales que generan retrasos significativos en proyectos ya evaluados ambientalmente, así como iniciar procesos de licitación con evaluaciones ambientales aprobadas para evitar períodos muertos entre adjudicación y construcción.

En la misma línea, la industria ha insistido en la necesidad de reforzar el rol coordinador del Estado en la planificación logística-portuaria, mejorar la articulación entre actores públicos y privados y avanzar hacia una Política Nacional Portuaria vinculante, que otorgue mayor certeza a la toma de decisiones y permita enfrentar de manera estructural los desafíos del sistema portuario chileno.