El debate sobre un royalty portuario, un impuesto a las navieras que exportan o importan productos, ha cobrado fuerza en Chile. La iniciativa impactaría directamente la cadena logística, la distribución, el almacenamiento y la competitividad portuaria, según expertos del sector.

Actualmente, existen dos proyectos de ley:

• Del senador Juan Ignacio Latorre (FA), que plantea US$2 por tonelada y un fondo nacional para ciudades y regiones portuarias.
• Del diputado Luis Cuello, que propone US$1 por tonelada de carga transferida, con el mismo objetivo de redistribución de recursos.

La propuesta ha recibido atención política tras el respaldo de la candidata oficialista Jeannette Jara: «La experiencia, además, del royalty minero ha dado buenos resultados y esperamos que en el royalty portuario se pueda avanzar», dijo tras reunirse con trabajadores portuarios en San Antonio.

Reacciones del sector marítimo

El sector marítimo ha manifestado preocupación. La Asociación Nacional de Agentes de Nave (Asonave) señaló que el royalty encarece toda la cadena logística y podría disminuir la competitividad de los puertos frente a la región.

Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), recordó que los puertos estatales ya han recaudado US$800 millones en más de 20 años mediante la tarifa por uso de puerto (TUP). Fernández enfatizó: «Antes de imponer nuevos impuestos, lo más apropiado sería hacer una revisión profunda y transparentar los fondos que se recaudan por la TUP vigente y su destino».

Diseño y potencial del royalty

Algunos expertos consideran que el impacto dependerá del diseño del impuesto. Gabriel Gurovich, de KLog.co, advierte que un modelo mal implementado podría desviar carga hacia otros puertos regionales.

En cambio, un royalty transparente y proporcional al valor agregado local podría fortalecer la infraestructura, el capital humano y la eficiencia portuaria, transformando las ciudades puerto en polos de innovación logística.

Andrés Ulloa, director de Ingeniería Comercial en la Universidad San Sebastián, agrega que si se trata de redistribuir pagos ya existentes de concesionarios, se podrían lograr beneficios para regiones y comunas portuarias, equilibrando costos y beneficios a largo plazo.

Lorena Bearzotti, académica de la PUCV, coincide en que la efectividad dependerá de cómo se diseñe e implemente el royalty.

Críticas y contexto electoral

Alejandro Torres Mussatto, académico de la Universidad de Valparaíso, advierte que el anuncio en época electoral es peligroso, especialmente frente a la competencia con Perú, que inauguró un mega puerto.

Critica la comparación con el royalty minero, señalando que ciudades como Calama y Antofagasta no han experimentado el desarrollo esperado: «¿Me van a decir que Calama y Antofagasta han experimentado un impulso?».

Sin embargo, reconoce que no todas las voces extremas sostienen que el impuesto sea el fin de la industria portuaria.

Montos y perspectivas

Gonzalo Escobar, académico de la Universidad Andrés Bello, indica que los montos propuestos (US$1-2 por tonelada) son bajos y probablemente no afecten los costos finales, destinándose a mejoras en infraestructura urbana y logística.