El mercado de Estados Unidos representa aproximadamente el 16% de las exportaciones agroindustriales chilenas, destino comercial que en 2025 registró envíos agroindustriales por US$561 millones. Ante esta relevancia, la agroindustria de alimentos procesados local se encuentra en alerta luego de conocerse la propuesta de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de aplicar un gravamen adicional del 12,5% a las importaciones provenientes de un grupo de sesenta socios comerciales, entre ellos Chile. La medida se enmarca en una investigación bajo la Sección 301, que sostiene que los países involucrados no habrían actuado con suficiente eficacia para evitar el ingreso de bienes producidos con trabajo forzado en sus cadenas de suministro globales.

Aunque desde Cancillería se ha llamado a la calma, recordando que se trata de una recomendación en consulta y de carácter no vinculante, en el mundo privado ya se trabaja en una estrategia de respuesta para evitar que Chile quede afectado por una decisión que, a juicio del sector, no se condice con la realidad de la agroindustria nacional. Un nuevo arancel de 12,5% impactaría directamente en los márgenes de una industria altamente dependiente de la competitividad en precio.

El impacto en los envíos de berries y manzanas

La preocupación por el peso de este mercado se concentra en productos específicos donde Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales para los alimentos procesados. Juan Manuel Mira, presidente de Chilealimentos, detalló que dicho país es un mercado muy importante para todos los berries congelados, como el arándano, la frutilla y las frambuesas congeladas, así como también para el jugo y la pulpa de manzana.

En ese mercado, la agroindustria local compite directamente con países que hoy no enfrentarían esos aranceles, como Canadá y México, que además de tener un TLC con Estados Unidos, cuentan con una mayor cercanía logística. El hecho de que ellos cuenten con excepciones arancelarias y Chile no, plantea una dificultad importante para el sector.

Esta situación surge en un momento donde la agroindustria de alimentos procesados es el único rubro agroexportador con crecimiento positivo en 2026. Entre enero y mayo, este segmento registró envíos por US$1.057 millones y un alza de 6%.

Certificaciones y origen de las observaciones laborales

Frente a la imputación estadounidense, el gremio recalca que la agroindustria procesadora local opera bajo exigentes estándares internacionales, respaldados por certificaciones y auditorías como SMETA y BSCI, además de las normativas de la OIT, exigidas con frecuencia por compradores y cadenas de supermercados en Estados Unidos. Según explicó Mira, la trazabilidad está plenamente garantizada desde los huertos hasta las plantas de procesamiento, por lo que la imputación no tendría fundamento en la operation real del país.

Asimismo, desde el gremio puntualizan que la observación de Estados Unidos no apunta a prácticas laborales internas en Chile, sino a exigencias sobre productos importados desde terceros países, por lo que la consideran una medida de carácter más proteccionista que laboral.

Ante este escenario, Chilealimentos ha insistido en la urgencia de una coordinación público-privada para presentar antecedentes técnicos durante el periodo de comentarios públicos, que vence en julio. El objetivo es resguardar una actividad que es clave para el empleo regional, la generación de divisas y la imagen internacional de la agroindustria chilena.