El Gobierno chileno presentó una actualización de la estrategia de electromovilidad que establece como meta propuesta que el 20 por ciento de las ventas de vehículos livianos y medianos correspondan a unidades de cero emisiones para el año 2030. Este objetivo comercial forma parte de la nueva hoja de ruta para los próximos años orientada a impulsar un transporte limpio, eficiente y competitivo, según informó el Ministerio de Energía de Chile.

Fundamentos estructurales de la hoja de ruta

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Energía, la planificación responde directamente a los desafíos estructurales que enfrenta el sector. Esta realidad está marcada por una alta dependencia de combustibles fósiles importados, ante lo cual la electromovilidad se consolida como una solución clave para avanzar en descarbonización y seguridad energética.

Para sostener el cumplimiento de las metas vehiculares y los objetivos de sustentabilidad, la estrategia se articula a través de cinco ejes estratégicos fundamentales:

• Desarrollo de infraestructuras de carga: Considera la aplicación de medidas específicas para expandir la cobertura de los puntos de abastecimiento a nivel domiciliario, urbano y en rutas estratégicas.
• Inclusión de nuevos segmentos: Suma al transporte pesado de carga de carácter urbano e interurbano, implementando incentivos, proyectos piloto y ajustes de tipo regulatorio para acelerar su electrificación.
• Apertura al transporte acuático: Amplía el radio de acción de la estrategia hacia los sectores marítimo, fluvial y lacustre, promoviendo de forma directa la adopción de soluciones eléctricas en trayectos de corta distancia y contextos territoriales específicos.

Economía circular y coordinación institucional

La nueva planificación gubernamental también incorpora un eje de economía circular, el cual está enfocado formalmente en la reutilización y el otorgamiento de una segunda vida a las baterías, además del desarrollo de nuevos mercados dedicados a la gestión de estos componentes.

Finalmente, el documento detalla que se reforzará la coordinación institucional del sector. Esto se ejecutará mediante la creación de instancias de gobernanza, seguimiento y articulación que vinculen el trabajo de los actores públicos y privados.