El escenario para el mercado energético global volvió a tensionarse tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó que su administración analiza congelar los envíos al exterior de diésel refinado.

La medida busca contener la escalada inflacionaria de los combustibles en el mercado interno norteamericano durante la temporada de mayor consumo doméstico, sacrificando las cuotas de exportación destinadas a sus socios comerciales en el continente.

En una entrevista concedida a la cadena Fox News, el mandatario estadounidense justificó la medida señalando que «esto puede provocar, en muchas ocasiones, un ligero aumento del precio de la gasolina para los coches, por lo que lo estamos analizando muy seriamente», agregando sobre la opción de decretar la prohibición que «es posible que lo hagamos».

La sola posibilidad de una orden ejecutiva de esta magnitud —que se proyecta inicialmente por un periodo de gracia de 90 días— desató una ola de inquietud en los países latinoamericanos que dependen estrechamente de la capacidad de refinación de la costa del Golfo de México.

Según cifras del sector de hidrocarburos, Chile importa diariamente más de 95 mil barriles de diésel desde Estados Unidos, posicionándose como el tercer comprador sudamericano de este refinado, solo por detrás de gigantes regionales como Brasil y México.

La reacción de las autoridades y los planes de contingencia en Santiago

El impacto de las declaraciones se sintió de inmediato en la agenda política y económica nacional. Durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el Presidente José Antonio Kast manifestó la preocupación del Ejecutivo frente a las intenciones de Washington, señalando que «esperamos que no se dé; sería una mala noticia para el mundo entero, no solamente para Chile, y afectaría efectivamente los precios del combustible en todo el mundo».

En el ámbito local, la preocupación radica en la rapidez con la que un eventual bloqueo comercial se traspasaría a las tarifas al consumidor y a la cadena de costos de la industria.

Desde el gabinete económico confirmaron semanas atrás que el Gobierno ya se encuentra monitoreando la situación y evaluando rutas alternativas de importación. En declaraciones a Radio Universo, el titular del área económica explicó que «si efectivamente eso ocurre, vamos a tener un plan de emergencia para tratar de paliar esos negativos efectos», buscando evitar una distorsión mayor en el abastecimiento.

Presión directa sobre el transporte de carga, la minería y la canasta básica

La interrupción de los despachos de diésel desde Estados Unidos obligaría a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y a los distribuidores privados a buscar volúmenes de reemplazo en mercados más distantes, como los complejos refinadores de Asia, Europa o el Medio Oriente. No obstante, los especialistas advierten que la sustitución de proveedores implica mayores distancias de navegación, encareciendo automáticamente los fletes de los buques tanque y elevando las primas de riesgo de los contratos.

Este encarecimiento golpearía de lleno a la columna vertebral de la economía chilena. El diésel es el insumo operativo clave para la flota de camiones que conecta los puertos con los centros urbanos, la maquinaria agrícola que sostiene la temporada de exportación de fruta fresca y los generadores e infraestructuras pesadas en la minería del cobre.

Analistas del sector logístico señalan que un incremento sostenido en el precio del diésel se trasladará gradualmente a los precios finales de la canasta básica de alimentos, incrementando los costos del transporte interurbano y reduciendo la competitividad de las exportaciones no tradicionales. La decisión final que adopte la Casa Blanca en los próximos días determinará el grado de exposición de la economía nacional ante un nuevo choque de oferta en el mercado de las materias primas.